La Imprenta Nacional de Colombia firmó un contrato de pasaportes con una empresa de Portugal que supera el billón de pesos colombianos. El acuerdo establece que el país europeo se encargará de la producción de los documentos, con un costo de 17 euros por pasaporte emitido.
El convenio busca garantizar el suministro ininterrumpido de pasaportes para ciudadanos colombianos dentro y fuera del país, tras meses de incertidumbre por retrasos y licitaciones fallidas. Según lo pactado, la producción cumplirá con estándares internacionales de seguridad y calidad, integrando medidas antifalsificación de última generación.
Antecedentes de la contratación
El proceso de adjudicación se enmarca en las gestiones para resolver el desabastecimiento de pasaportes que afectó a usuarios y consulados durante 2024 y 2025. La Imprenta Nacional, encargada de la impresión oficial de documentos del Estado, recurrió a la contratación directa con la compañía portuguesa tras considerar que era la opción más eficiente para responder a la alta demanda.
Este acuerdo también contempla la entrega de pasaportes electrónicos, un formato que incluye un chip con datos biométricos para reforzar la seguridad y facilitar el control migratorio en aeropuertos y pasos fronterizos. La medida busca alinear a Colombia con las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Impacto económico y logístico
El valor total del contrato de pasaportes —más de $1 billón— cubre la producción de millones de documentos a lo largo de varios años. Si bien el costo unitario es de 17 euros por pasaporte, el gasto final dependerá del volumen solicitado anualmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Expertos señalan que el acuerdo representa una inversión estratégica para evitar crisis futuras de abastecimiento, pero también genera debate sobre la dependencia de proveedores extranjeros para un documento clave en la identificación y movilidad de los colombianos.
En cuanto a la logística, los pasaportes se producirán en Portugal y se enviarán a Colombia y a las misiones diplomáticas en el exterior, garantizando la cobertura global para los solicitantes. Este esquema exige un riguroso control de transporte y custodia para evitar riesgos de pérdida o fraude.
