El Consejo de Estado decidió admitir una demanda que busca anular totalmente la personería jurídica del Pacto Histórico, la coalición que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia en 2022. La decisión se produce tras los cuestionamientos sobre la legalidad de la resolución que otorgó reconocimiento político al movimiento. Según los demandantes, la personería jurídica no debió concederse ni siquiera de manera condicionada, como ocurrió en 2023, sino que tenía que ser negada de fondo por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley electoral.
El proceso fue admitido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, encargada de los asuntos electorales, lo que implica que el tribunal analizará a fondo si el acto administrativo que otorgó la personería al Pacto Histórico fue expedido conforme a derecho. Mientras tanto, el reconocimiento político de la coalición se mantiene vigente, aunque bajo la incertidumbre de lo que determine el alto tribunal.
Los argumentos de la demanda
La demanda, presentada por ciudadanos y abogados especializados en derecho electoral, sostiene que la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral (CNE) habrían excedido sus competencias al reconocer una personería jurídica a una coalición y no a un partido político como tal. De acuerdo con los demandantes, la Constitución y la Ley 1475 de 2011 establecen que la personería solo puede otorgarse a partidos o movimientos políticos que participen en elecciones con listas propias, no a coaliciones temporales conformadas con fines electorales.
En su criterio, el Pacto Histórico no cumplía con esas condiciones, ya que fue una alianza integrada por varios partidos —entre ellos Colombia Humana, Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica y Comunes— para respaldar la candidatura de Gustavo Petro. Al no existir una estructura única ni estatutos propios, argumentan que el reconocimiento fue irregular y contrario a la normativa electoral vigente.
El Consejo de Estado deberá ahora estudiar si la resolución que otorgó la personería, expedida por el Consejo Nacional Electoral, vulneró los principios de igualdad y legalidad en la competencia política, o si el reconocimiento se ajustó al precedente jurídico establecido en casos similares.
Contexto político y repercusiones
La decisión de admitir la demanda llega en un momento de alta tensión política. El Pacto Histórico ha sido el principal bloque de apoyo del gobierno Petro en el Congreso, y su personería jurídica le ha permitido acceder a financiación estatal, representación en el Consejo Nacional Electoral y participación directa en futuras elecciones con listas propias.
Si el Consejo de Estado llegara a fallar a favor de los demandantes, el Pacto Histórico podría perder su estatus legal como colectividad política, lo que afectaría su capacidad de postular candidatos bajo esa denominación en los comicios regionales y nacionales. Esto obligaría a sus partidos integrantes a reorganizarse individualmente o a buscar nuevas alianzas que cumplan con los requisitos de ley.
Analistas consultados por medios nacionales advierten que un fallo de este tipo tendría implicaciones significativas en el mapa político colombiano. Según el politólogo Fernando Giraldo, “la anulación de la personería del Pacto Histórico sería un golpe estructural al proyecto político del presidente Petro, porque limitaría la proyección institucional de su movimiento y de sus aliados en el Congreso”.
Por su parte, voceros del Pacto Histórico calificaron la demanda como una “estrategia judicial con fines políticos” y aseguraron que demostrarán ante el tribunal la legalidad del proceso de reconocimiento. También recordaron que la decisión del CNE fue adoptada tras una revisión exhaustiva y con base en los resultados obtenidos en las elecciones legislativas y presidenciales de 2022.
¿Qué sigue para el Pacto Histórico?
Con la admisión de la demanda, el proceso entra en una fase de análisis probatorio en la que tanto los demandantes como las entidades involucradas podrán presentar sus argumentos y evidencias. El Consejo de Estado tendrá que evaluar si la personería jurídica del Pacto Histórico cumple con los criterios legales que rigen la conformación de partidos políticos en Colombia.
Mientras tanto, el movimiento podrá seguir funcionando con normalidad, manteniendo sus derechos de participación política y acceso a recursos estatales. Sin embargo, el fallo definitivo —que podría conocerse en los próximos meses— será determinante para definir el futuro del movimiento progresista más importante del país.
De confirmarse la nulidad, el Pacto Histórico perdería su reconocimiento legal, lo que implicaría la disolución de su bancada unificada y la redistribución de sus curules en el Congreso bajo las colectividades que originalmente conformaron la coalición. En cambio, si el Consejo de Estado ratifica la legalidad del acto, el movimiento consolidará su posición como una de las principales fuerzas políticas del país de cara a las elecciones de 2026.
La controversia jurídica refleja las tensiones entre la institucionalidad electoral y los nuevos movimientos políticos que han surgido en Colombia tras los cambios sociales y electorales de los últimos años. En ese sentido, el caso del Pacto Histórico se convierte en un precedente clave sobre cómo se deben regular las coaliciones que buscan convertirse en partidos permanentes.
