La madrugada del viernes 10 de octubre marcó un nuevo capítulo en la inestabilidad política del Perú. Con 118 votos a favor, el Congreso decidió destituir a la presidenta Dina Boluarte en un juicio político relámpago, tras declararla con “permanente incapacidad moral” para ejercer el cargo. La decisión llega en medio de una ola de violencia, extorsiones y asesinatos que han puesto al país andino en una profunda crisis de seguridad. La sesión, encabezada por José Jerí, presidente del Congreso, culminó con el anuncio de la vacancia presidencial. Ante la ausencia de vicepresidentes, Jerí asumirá interinamente el mando del Ejecutivo. Afuera del Parlamento, cientos de manifestantes celebraron el fallo agitando banderas y carteles en rechazo a la mandataria, quien no se presentó a ejercer su defensa. Su abogado, Juan Carlos Portugal, alegó falta de garantías en el proceso debido al poco tiempo para preparar los argumentos legales.
Un nuevo giro en la inestabilidad política peruana
Desde 2016, Perú ha tenido seis presidentes, dos de ellos destituidos, otros dos que renunciaron antes de correr la misma suerte, uno interino y Boluarte, quien asumió el poder en diciembre de 2022 tras el fallido intento de golpe de Pedro Castillo. Su salida del poder refuerza la percepción de un país atrapado en una espiral de crisis institucional y desconfianza hacia la clase política. Durante su mandato, Boluarte intentó sostenerse mediante alianzas con bancadas conservadoras, evitando así mociones de vacancia previas. Sin embargo, la reciente escalada de violencia del crimen organizado, inédita en la historia peruana, deterioró su ya frágil gobernabilidad. El aumento de extorsiones, secuestros y homicidios en Lima y otras ciudades generó un clima de pánico social y presión política imposible de contener. Las calles limeñas se convirtieron en escenario de protestas de transportistas y ciudadanos, mientras los ataques armados aumentaban. El episodio en el que sicarios hirieron a músicos y a un vendedor durante un concierto en el sur de la capital marcó un punto de quiebre.
Escándalos y pérdida de legitimidad
A la crisis de seguridad se sumaron los múltiples escándalos de corrupción y cuestionamientos éticos que afectaron a la expresidenta. La fiscalía peruana mantiene investigaciones abiertas por la represión de protestas durante su ascenso al poder, que dejó al menos medio centenar de muertos según organismos de derechos humanos. Además, enfrenta dos procesos adicionales: uno por presunto abandono de cargo al someterse a una cirugía estética sin notificar al Congreso, y otro conocido como el “Rolexgate”, un caso que estalló en 2024 tras revelarse que la mandataria poseía relojes y joyas de lujo no declaradas en su lista de bienes. Estas investigaciones minaron la confianza ciudadana y alimentaron el discurso opositor que pedía su salida. La pérdida del fuero presidencial abre la posibilidad de que Boluarte sea procesada penalmente, como ya ocurre con los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo, todos recluidos en la misma cárcel especial de Lima. La destitución de Boluarte evidencia la fragilidad de las instituciones peruanas y la falta de mecanismos sólidos de control político que impidan que la corrupción y la inestabilidad se repitan.
¿Qué viene ahora para el Perú?
La pregunta que domina el debate nacional es qué rumbo tomará el país tras la destitución de Dina Boluarte. Con el presidente del Congreso asumiendo de forma interina, el panorama político luce incierto y el riesgo de nuevas confrontaciones sociales aumenta. Diversos analistas advierten que el desafío inmediato será restaurar la confianza ciudadana y reducir la violencia que azota a los barrios populares. En los próximos días, el Parlamento deberá definir si convoca elecciones anticipadas, una medida que podría aliviar la tensión pero también abrir un periodo de incertidumbre institucional. En este contexto, la población exige un liderazgo que priorice la seguridad, la justicia y la transparencia. La destitución de Boluarte podría representar una oportunidad para recomponer el tejido político, aunque también plantea el temor de que Perú continúe atrapado en un ciclo de crisis que se repite con cada cambio de gobierno. ¿Será esta la ocasión en que el país logre finalmente estabilidad o el preludio de una nueva convulsión política?
