El Concejo de Bogotá aprobó en plenaria el Proyecto de Acuerdo 340 de 2025, con el que se crea la denominada “Ruta por la Vida”, una estrategia distrital orientada a fortalecer la atención integral en salud física y mental de mujeres gestantes y lactantes, así como el acompañamiento antes, durante y después del embarazo. La iniciativa, sin embargo, ha generado una fuerte controversia por las implicaciones que podría tener sobre el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la capital.
El proyecto, impulsado por la concejal Clara Lucía Sandoval, plantea la articulación de servicios de salud, atención psicosocial y acompañamiento institucional, con énfasis en la salud mental y en la presentación de alternativas a la IVE. Según la cabildante, la estrategia busca garantizar información clara, completa y oportuna para que las mujeres puedan tomar decisiones libres e informadas, en concordancia —afirmó— con la sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional.
La “Ruta por la Vida” contempla acciones de prevención y atención durante la gestación, el parto, el posparto y la lactancia, con especial atención a mujeres en condiciones de vulnerabilidad, víctimas de violencia, adolescentes gestantes y personas con antecedentes de afectaciones en salud mental. El acuerdo establece, además, la conformación de equipos interdisciplinarios, procesos de caracterización diferencial y programas de capacitación para servidores públicos, bajo la coordinación de la Secretaría Distrital de Salud y la Secretaría de la Mujer.
No obstante, durante el debate varios concejales expresaron reparos frente al alcance del acuerdo y la competencia del Concejo para regular asuntos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos. Advirtieron posibles riesgos de estigmatización y la introducción de barreras administrativas que podrían retrasar o dificultar el acceso al aborto legal, particularmente si se exige una valoración previa en salud mental.
Las críticas se intensificaron tras la aprobación del proyecto. Profamilia, una de las principales organizaciones en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en el país, manifestó su preocupación por lo que considera un posible retroceso en garantías ya reconocidas. Su directora ejecutiva, Marta Royo, calificó el acuerdo como “inconstitucional” y alertó que podría traducirse en nuevas barreras para el acceso seguro, oportuno y sin estigmas a la IVE.
La organización recordó que en Colombia el aborto es un derecho fundamental hasta la semana 24 de gestación, conforme a la sentencia C-055 de 2022, y posteriormente bajo las causales establecidas en la sentencia C-355 de 2006. En ese sentido, enfatizó que ninguna autoridad administrativa puede imponer requisitos adicionales, trámites innecesarios o condiciones que limiten el ejercicio de este derecho.
Profamilia también evocó el Acuerdo 879 de 2023, aprobado por el mismo Concejo de Bogotá, que buscaba eliminar barreras para el acceso a la IVE en la ciudad, y exhortó al alcalde Carlos Fernando Galán a objetar el nuevo acuerdo por considerar que contradice la jurisprudencia constitucional y la normativa local vigente.
Tras su aprobación en segundo debate, el Proyecto de Acuerdo 340 de 2025 pasó ahora a sanción del alcalde mayor. De ser promulgado, la administración distrital contará con seis meses para expedir el decreto reglamentario que defina su implementación, en medio de un debate que continúa abierto sobre el alcance del acuerdo y su impacto real en los derechos reproductivos en Bogotá.
