La Comisión Séptima del Senado decidió aplazar indefinidamente el debate de la reforma a la salud, tras aprobar una proposición presentada por la senadora conservadora Nadia Blel, presidenta de su colectividad. La medida se tomó con el argumento de que el Presupuesto General de la Nación 2026 no incluye recursos adicionales ni partidas específicas para implementar el nuevo modelo sanitario propuesto por el Gobierno. Según Blel, avanzar sin un aval fiscal del Ministerio de Hacienda violaría el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, generando un riesgo de responsabilidad fiscal para el Congreso.
Una decisión que pone en pausa la reforma estructural
La decisión deja la iniciativa del Gobierno en una situación incierta. Aunque el proyecto tiene plazo hasta junio de 2026 para ser aprobado, su futuro dependerá ahora de una eventual reforma tributaria que aporte los fondos necesarios, un panorama poco probable dada la falta de ambiente político en el Congreso y el inicio de un año electoral que limitará la actividad legislativa. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, calificó de “inoperante” a la comisión, señalando que “lo único que hacen es obstaculizar. Nos piden plata, pero no la aprueban”.
Choque entre el Gobierno y la oposición
Las declaraciones del ministro provocaron la respuesta inmediata de la senadora Nadia Blel, quien defendió la decisión de su bancada y criticó al Ejecutivo por intentar avanzar sin respaldo presupuestal. “Esto es una falta de respeto. Es más inoperante este Gobierno cuando pretende que se apruebe una reforma a la salud sin aval fiscal”, afirmó. El enfrentamiento evidenció la tensión entre el Ministerio de Salud y la Comisión Séptima, instancia encargada de tramitar los proyectos en materia laboral y sanitaria. La falta de consenso refleja un estancamiento institucional que ha caracterizado el proceso legislativo desde que la reforma fue radicada.
¿Qué implica el aplazamiento para el sistema de salud?
Con la decisión de “engavetar” la propuesta, el país queda sin una hoja de ruta clara para modernizar el sistema de salud colombiano. El proyecto buscaba reorganizar las competencias de las EPS, fortalecer la atención primaria y mejorar la financiación del sistema, pero sin recursos definidos su viabilidad es inviable. El propio Gobierno había admitido que la implementación requeriría nuevas fuentes de financiación y un periodo de transición institucional. Sin un marco presupuestal sólido, la reforma a la salud corre el riesgo de caducar sin ser debatida, en medio de un ambiente político que prioriza la campaña electoral de 2026. La discusión sobre la sostenibilidad financiera del sistema, en cambio, seguirá siendo uno de los puntos más sensibles en la agenda del Congreso de la República. La pausa legislativa, aunque justificada por razones fiscales, prolonga la incertidumbre de millones de usuarios que esperan mejoras en la atención y cobertura del sistema.
