En una audiencia histórica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado colombiano, representado por César Palomino, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), reconoció oficialmente su responsabilidad en el asesinato del líder político Carlos Pizarro Leongómez. Este magnicidio, ocurrido en 1990, marcó profundamente la historia política de Colombia y la lucha por la paz y la democracia en el país.
Reconocimiento de responsabilidad: un paso histórico
Carlos Pizarro Leongómez, ex comandante del grupo insurgente M-19 y en su momento candidato a la presidencia por la Alianza Democrática M-19, fue asesinado el 26 de abril de 1990 mientras viajaba en un vuelo comercial de Bogotá a Barranquilla. Según investigaciones y testimonios, Pizarro fue atacado por un sicario vinculado a estructuras delictivas que habrían contado con el respaldo de agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), una entidad estatal de inteligencia hoy desmantelada. Las indagaciones apuntan a que el asesinato de Pizarro estuvo orquestado por Carlos Castaño, líder paramilitar, con la presunta colaboración de funcionarios de seguridad del Estado.
En la audiencia, el director de la ANDJE afirmó: “Respecto a la ejecución extrajudicial de Carlos Pizarro Leongómez, el Estado reconoce su responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos a la vida e integridad personal”. Palomino también hizo un recuento de las investigaciones adelantadas por el Estado colombiano y se comprometió a llevar el caso hasta sus últimas consecuencias. Este pronunciamiento busca no solo cumplir con la exigencia de justicia en este emblemático caso, sino también con los principios de transparencia y respeto a los derechos humanos ante la comunidad internacional.
La lucha por la verdad y la justicia: la voz de María José Pizarro
A 34 años del asesinato de su padre, María José Pizarro, congresista y defensora de los derechos humanos, destacó la lentitud de la justicia colombiana en esclarecer el crimen y ofrecer respuestas. En su intervención, criticó el hecho de que la investigación permanece, en su opinión, en una fase inicial, lo que ha derivado en la muerte de testigos clave y la pérdida de pruebas valiosas.
“Mientras el caso no avanza, mueren personas que tienen información, quienes podrían ser investigadas, juzgadas y condenadas por el asesinato de mi padre. A mí me tocó hacer lo que la justicia no ha hecho en 34 años”, afirmó María José Pizarro. La congresista también hizo una fuerte crítica a la falta de herramientas en la Fiscalía para investigar estos crímenes de manera adecuada y cuestionó el compromiso del sistema judicial para esclarecer la verdad en torno a los crímenes cometidos contra líderes de oposición en Colombia.
Además, Pizarro recordó el impacto profundo que tuvo el asesinato de su padre en su vida y en la de muchos colombianos: “Me arrebataron a mi padre, me arrebataron la seguridad de un hogar, me arrebataron a mi familia. Esas son las circunstancias en las que crecí yo y en las que crecieron millones de colombianos y colombianas”. Sus palabras resuenan en un país que ha visto cómo la violencia contra líderes sociales y opositores ha sido una constante en su historia reciente.
El rol de los abogados y la búsqueda de una reparación
Las organizaciones de derechos humanos que representan a las víctimas, como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas, señalaron que estarán vigilantes a los términos específicos del reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado colombiano. Esta vigilancia busca garantizar que el compromiso asumido no se quede en palabras y que se establezca un plan efectivo de reparación y justicia para honrar la memoria de Carlos Pizarro y de todas las víctimas de violencia política en el país.
La posibilidad de un acuerdo de solución amistosa y reparación está sobre la mesa, un proceso que requeriría el establecimiento de medidas concretas y justas para honrar los derechos de las víctimas y sus familiares. Sin embargo, los representantes de las víctimas insisten en que se mantendrán atentos a los términos y al alcance de este reconocimiento, pues el camino hacia la reconciliación y la paz en Colombia pasa necesariamente por la verdad y la justicia efectiva.
Contexto histórico: Carlos Pizarro y la lucha por la paz en Colombia
Carlos Pizarro fue uno de los líderes más reconocidos del M-19, grupo que, tras años de insurgencia, decidió dejar las armas y transitar hacia la vida política en un esfuerzo histórico de paz en 1990. Su candidatura presidencial representaba una alternativa que abogaba por la reconciliación y un modelo de gobierno más incluyente. La esperanza de una Colombia sin conflicto se truncó con su asesinato, que ocurrió apenas semanas después del homicidio de otro líder popular de la época, el candidato liberal Bernardo Jaramillo Ossa, lo cual reveló una práctica sistemática de eliminación de líderes de oposición en un contexto de violencia sistemática.
La muerte de Pizarro fue un golpe para el país y para el proceso de paz con el M-19, dejando en evidencia los riesgos que enfrentan aquellos que buscan transformar la realidad política colombiana desde el compromiso democrático. Su asesinato ha sido considerado uno de los más dolorosos y simbólicos en la historia de Colombia, pues representó el cierre abrupto de una oportunidad de cambio y de pacificación.
