Colombia iniciará el próximo 23 de marzo las primeras pruebas del denominado Escudo Nacional Antidrones, un proyecto estratégico del Gobierno orientado a contrarrestar el uso de drones por parte de grupos armados ilegales y estructuras criminales. La iniciativa, liderada por el Ministerio de Defensa de Colombia, busca fortalecer la capacidad del Estado para detectar, anticipar y neutralizar estos dispositivos utilizados en actividades ilícitas.
De acuerdo con la información conocida, el sistema comenzó a estructurarse tras varios meses de trabajo de un equipo multidisciplinario integrado por el ministerio, las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional de Colombia, junto con expertos técnicos en defensa y tecnología. El proyecto contempla una inversión aproximada de 6,2 billones de pesos y busca responder al incremento del uso de drones en operaciones relacionadas con narcotráfico y acciones armadas.
Las primeras evaluaciones tecnológicas se realizarán entre el 23 de marzo y el 10 de abril. Durante este periodo se probarán equipos diseñados para identificar drones, prever sus trayectorias y neutralizarlos en distintos escenarios operativos. Especialistas en seguridad y tecnología analizarán el desempeño de las plataformas con el fin de determinar su eficacia y su posible implementación en operaciones reales.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, ha señalado que el proceso busca avanzar con rapidez y transparencia debido a su importancia para la seguridad nacional. Según el funcionario, el objetivo es reducir riesgos para la población civil y para la Fuerza Pública frente a la creciente utilización de drones en actividades ilegales.
Como parte del desarrollo del proyecto, delegaciones del Ministerio de Defensa han visitado ocho países —Qatar, Turquía, República Checa, Alemania, Francia, España, Estados Unidos y Reino Unido— con el propósito de conocer distintas capacidades tecnológicas en materia de defensa, incluidos sistemas antidrones, vehículos blindados, aeronaves, helicópteros y municiones.
El interés internacional también ha marcado el proceso. Según el Ministerio, al menos 21 países han manifestado disposición para aportar soluciones tecnológicas, mientras que 115 empresas del sector defensa fueron invitadas a presentar propuestas para participar en el desarrollo del sistema.
El Gobierno también ha señalado que el proyecto se ejecutará bajo mecanismos de control institucional. La Procuraduría General de la Nación ha acompañado el proceso de seguimiento y se establecieron directrices para prevenir actos de corrupción y garantizar transparencia en la contratación relacionada con el programa.
Además de la adquisición de capacidades antidrones, el proyecto busca fortalecer la autonomía estratégica del país y diversificar sus sistemas de defensa. Para el primer año de desarrollo, el Gobierno del presidente Gustavo Petro aprobó un desembolso inicial cercano a un billón de pesos, como parte de una estrategia más amplia para modernizar las capacidades de seguridad y responder a nuevas amenazas tecnológicas.
