La crisis de derechos humanos en Colombia se ha intensificado en los últimos años, según un informe reciente de la Defensoría del Pueblo. La presencia de grupos armados en gran parte del territorio nacional y el aumento de la violencia de género han puesto en riesgo a miles de ciudadanos.
Durante la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la defensora Iris Marín Ortiz reveló cifras alarmantes: en 790 municipios del país se registra la presencia de estructuras armadas ilegales. Esto representa un riesgo elevado para la población civil, que enfrenta amenazas, desplazamientos forzados y violaciones sistemáticas de sus derechos fundamentales.
La expansión de los grupos armados y sus efectos devastadores
La Defensoría del Pueblo ha emitido Alertas Tempranas en el 71% de los municipios colombianos, lo que indica un alarmante nivel de inseguridad. La proliferación de grupos armados como el Clan del Golfo, disidencias de las FARC y el ELN ha generado un escenario de violencia generalizada. Estas organizaciones no solo disputan el control de los territorios, sino que también afectan directamente a las comunidades a través de extorsión, homicidios y reclutamiento forzado de menores.
En el norte del país, el Clan del Golfo se ha consolidado como una de las estructuras criminales más poderosas, extendiendo su dominio en zonas históricamente vulnerables. En el suroccidente y la región del Pacífico, los enfrentamientos entre disidencias y el ELN han causado un incremento en los desplazamientos forzados, afectando a miles de familias que deben abandonar sus hogares para proteger sus vidas.
La violencia de género: un flagelo persistente
El informe de la Defensoría del Pueblo también alerta sobre el aumento de la violencia de género, una problemática que se ha agravado con el conflicto armado. Mujeres, niñas y personas de la comunidad LGBTIQ+ han sido víctimas de abusos sistemáticos, incluyendo violencia sexual, feminicidios y agresiones físicas.
El contexto de inseguridad ha dificultado el acceso a la justicia para las víctimas, quienes en muchas ocasiones temen denunciar por represalias. Las organizaciones defensoras de derechos humanos han hecho un llamado al Estado para fortalecer los mecanismos de protección y garantizar la seguridad de quienes enfrentan estas situaciones de violencia.
¿Qué acciones se están tomando?
Ante esta crisis, la Defensoría del Pueblo ha instado al Gobierno a implementar estrategias más efectivas para frenar la violencia y proteger a la población. Se ha solicitado un refuerzo en la presencia institucional en las zonas más afectadas, así como la reactivación de los programas de acompañamiento a comunidades en riesgo.
A pesar de los esfuerzos del Estado, las cifras reflejan que el problema está lejos de resolverse. Organizaciones de derechos humanos han pedido mayor compromiso en la ejecución de los acuerdos de paz y en la creación de políticas públicas que atiendan de manera integral las necesidades de las comunidades vulnerables.
La crisis de derechos humanos en Colombia sigue siendo una problemática urgente. ¿Será el 2025 el año en que el país logre avances significativos en la protección de sus ciudadanos?7
