En el municipio de Buriticá, Antioquia, los habitantes denuncian que el Clan del Golfo está imponiendo un régimen paralelo de control social a través de amenazas, restricciones y multas de hasta cuatro millones de pesos. La comunidad asegura que las medidas afectan la vida cotidiana y se suman a otros problemas graves como el reclutamiento de menores, la extorsión y el dominio sobre la minería informal.
El hecho ocurre mientras el grupo armado ilegal, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), adelanta conversaciones con el Gobierno nacional en Doha (Qatar). La contradicción entre los diálogos de paz y las denuncias de abuso en los territorios genera creciente preocupación en la región.
Multas por peleas e infidelidad
De acuerdo con testimonios recogidos en Buriticá, el Clan del Golfo ha establecido un código de conducta propio. Entre las disposiciones impuestas están las sanciones económicas por actos como protagonizar peleas o ser infiel a la pareja. Las multas oscilan entre uno y cuatro millones de pesos, montos que resultan inalcanzables para muchas familias rurales, lo que convierte estas medidas en una forma encubierta de extorsión.
Estas normas, impuestas bajo amenaza, buscan consolidar el control del grupo armado sobre la vida social de las comunidades. Además de las sanciones económicas, se reportan restricciones de movilidad, limitaciones para entrar o salir de ciertas zonas y advertencias de represalias en caso de incumplimiento.
Extorsiones y reclutamiento forzado
Las denuncias van más allá de las multas. Los habitantes señalan que el Clan del Golfo también recurre a la extorsión sistemática a pequeños comerciantes, transportadores y mineros informales. En algunos casos, las exigencias económicas son tan altas que obligan a las familias a endeudarse o abandonar sus negocios.
Otra de las preocupaciones más graves es el reclutamiento de menores de edad. Diversos testimonios apuntan a que jóvenes y adolescentes están siendo presionados para unirse a las filas del grupo armado, en un contexto en el que las oportunidades de educación y empleo son limitadas. Esto ha encendido las alarmas de organizaciones sociales y de derechos humanos que consideran urgente una acción estatal efectiva.
Control sobre la minería informal
Buriticá es reconocido por su actividad minera, y precisamente este sector se ha convertido en uno de los principales blancos de control del Clan del Golfo. El grupo armado regula la minería informal, imponiendo pagos obligatorios a los trabajadores y a quienes buscan explotar las minas de manera artesanal.
La minería, que en teoría debería representar una oportunidad económica para la región, termina siendo cooptada por estructuras ilegales que condicionan su desarrollo a la obediencia y al pago de extorsiones. Esto perpetúa un círculo de violencia y empobrecimiento que afecta directamente a las comunidades locales.
¿Qué significa este control paralelo en Antioquia?
El establecimiento de estas “reglas de convivencia” impuestas por el Clan del Golfo refleja el grado de influencia que el grupo armado mantiene en varios municipios de Antioquia y otras regiones del país. Al imponer sanciones, limitar la movilidad y controlar actividades económicas, se configura una especie de “gobierno de facto” que vulnera los derechos de los habitantes.
Mientras en el ámbito internacional se habla de negociaciones y posibles acuerdos de paz, en el terreno la realidad muestra que estas estructuras ilegales siguen ejerciendo un dominio férreo sobre comunidades enteras. Para analistas de seguridad, la situación en Buriticá evidencia la necesidad de reforzar la presencia institucional y ofrecer alternativas reales a la población, de lo contrario, el control armado continuará consolidándose.
La pregunta que queda abierta es si el Estado colombiano logrará contrarrestar el poder del Clan del Golfo en territorios donde su influencia es tan fuerte que incluso regula la vida íntima y económica de la gente. La brecha entre los avances diplomáticos y la realidad de las comunidades muestra que la paz no solo se negocia en mesas internacionales, sino que debe garantizarse en cada rincón del país.
