La tensión entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional alcanzó un nuevo pico tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien sugirió que existe un plan desde el alto tribunal para frenar la implementación de la reforma pensional aprobada por el Congreso. La respuesta no se hizo esperar: el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte, negó categóricamente que exista algún interés en “hundir” la iniciativa, calificando como “infundadas” y “respetuosas” las acusaciones del mandatario.
El debate se desató luego de que Petro señalara que ciertos sectores del poder judicial estarían actuando por intereses privados, señalando directamente al magistrado Jorge Ibáñez por supuestamente obstaculizar una ley aprobada democráticamente. El presidente basó su crítica en una supuesta demora de la Corte en resolver la demanda contra la reforma, alimentando así la narrativa de una supuesta maniobra institucional contra su gobierno.
El trasfondo jurídico: suspensión del proceso por vicios de trámite
La Corte aclaró que actualmente no se está evaluando de fondo la constitucionalidad de la ley debido a que el proceso fue suspendido por vicios de trámite detectados en la Cámara de Representantes. En concreto, el alto tribunal solicitó al Congreso un informe detallado que aclare cómo se subsanaron estos errores procedimentales, sin el cual no es posible reanudar el análisis jurídico del articulado.
En este contexto, la Corte Constitucional reiteró su compromiso con la independencia judicial y el respeto a los procedimientos constitucionales, subrayando que cualquier decisión sobre la reforma pensional se tomará con base en el derecho, no en presiones externas. Según Ibáñez, no existe ninguna ponencia redactada ni una fecha definida para una decisión definitiva, lo que desvirtúa la idea de una maniobra intencionada.
Además, el magistrado recordó que fue el propio gobierno el que solicitó la revisión previa de la ley mediante control automático, mecanismo que, por su naturaleza, toma tiempo y requiere la entrega de documentos completos desde el Congreso.
Acusaciones de Petro y sus implicaciones políticas
Las declaraciones del presidente Petro han sido interpretadas como parte de una estrategia para consolidar apoyo popular frente a una posible derrota judicial. Al afirmar que “se quiere hundir la reforma pensional en favor de los fondos privados”, el mandatario intenta trasladar el conflicto institucional a una narrativa de lucha entre el pueblo y las élites financieras.
Esta no es la primera vez que Petro recurre a este tipo de discursos. En repetidas ocasiones ha acusado a instituciones del Estado, incluidos organismos de control y la justicia, de frenar los cambios impulsados por su administración. La particularidad en este caso es que sus críticas apuntan directamente a la Corte Constitucional, un órgano con amplia legitimidad y cuya autonomía ha sido históricamente respetada.
Desde sectores jurídicos y políticos se ha advertido sobre los riesgos de este tipo de confrontaciones. Según analistas, poner en entredicho la imparcialidad de la Corte sin pruebas claras podría debilitar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y aumentar la polarización política. Esto cobra especial relevancia dado que la reforma pensional forma parte de los proyectos más ambiciosos del actual gobierno y su destino será observado de cerca tanto a nivel nacional como internacional.
