Durante el periodo comprendido entre 1995 y 2004, la multinacional bananera Chiquita Brands realizó pagos que sumaron US\$1,7 millones a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar que operaba principalmente en la región del Urabá antioqueño. Así lo determinó un tribunal que condenó a dos de sus exejecutivos a 11 años de prisión, tras comprobarse su responsabilidad en el financiamiento de grupos armados ilegales que cometieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
La condena representa un hito en la historia reciente del país, pues se trata de uno de los pocos casos donde una empresa extranjera ha sido judicialmente responsabilizada por su rol en el conflicto armado colombiano. Este proceso fue impulsado por sobrevivientes y organizaciones defensoras de derechos humanos, que han documentado durante años los vínculos entre empresas exportadoras y grupos ilegales en zonas de influencia bananera.
Cómo operaba el esquema de pagos a grupos armados
Los dineros transferidos por Chiquita Brands a las AUC no fueron accidentales ni aislados. Según el fallo, los pagos se realizaron de manera sistemática y organizada, utilizando canales empresariales que pretendían dar apariencia de legalidad a transacciones ilícitas. Los fondos eran destinados a financiar las operaciones de los paramilitares en Urabá, una zona clave para la producción y exportación de banano en Colombia.
La empresa justificó inicialmente los pagos como un supuesto “impuesto de seguridad”, alegando que las AUC ofrecían protección frente a otros actores armados. Sin embargo, el tribunal desestimó este argumento, subrayando que el apoyo económico permitió a los paramilitares fortalecer su control territorial, implementar campañas de terror y cometer asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamientos masivos contra la población civil.
Las pruebas incluyeron registros contables internos, testimonios de exempleados y comunicaciones directas entre ejecutivos de la compañía y jefes paramilitares. El proceso también evidenció que altos mandos de la empresa tenían conocimiento detallado de las consecuencias de su colaboración.
Implicaciones legales y éticas para las multinacionales
El caso de Chiquita Brands abre un precedente en la jurisprudencia colombiana y en el derecho internacional, al reconocer la responsabilidad corporativa en contextos de conflicto armado. No se trata solo de una violación a la ley penal, sino también de una falta grave al marco de debida diligencia empresarial que exige a las compañías evaluar y prevenir riesgos para los derechos humanos en sus operaciones.
Diversas organizaciones han destacado que este tipo de acciones comprometen la imagen y la sostenibilidad de empresas en mercados internacionales. Además, han hecho un llamado a que otras multinacionales que operaron en zonas de conflicto rindan cuentas por sus actuaciones, y se establezcan mecanismos de reparación para las víctimas.
Por su parte, la justicia colombiana reafirma con esta sentencia su compromiso con el principio de que el lucro no puede estar por encima de la vida y la dignidad humana. El fallo también constituye un mensaje claro para el sector privado sobre las consecuencias de establecer vínculos con grupos armados, incluso bajo presión o amenazas.
