Casa Macondo denunció un acto de censura judicial tras una orden emitida el 9 de febrero, Día del Periodista en Colombia, que obliga a retirar una investigación sobre el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez.
El fallo de segunda instancia fue proferido por la jueza Catalina María Manrique Calderón, del Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva, quien ordenó eliminar el trabajo periodístico y retirar su evidencia documental en un plazo de cinco días, argumentando la protección del buen nombre del magistrado.
Desde Casa Macondo señalaron que acatan la decisión judicial, pero advirtieron que se trata de un caso de censura. La investigación, explicaron, no se originó en la vida privada del funcionario, sino en un hecho de interés público: la desaparición física y digital de un expediente judicial de filiación, en el que un juez de familia había determinado, con una prueba genética del 99.99%, la paternidad extramatrimonial de Ibáñez Bajar.
El medio recordó que el caso adquirió relevancia pública cuando, en 2021, el expediente desapareció justo en el momento en que el hijo intentó reclamar el uso del apellido, lo que —según Casa Macondo— plantea interrogantes sobre integridad judicial, transparencia y rendición de cuentas.
La orden judicial se sustenta en una entrevista concedida por el magistrado al periodista Juan Pablo Barrientos en agosto de 2025, la cual el propio Ibáñez calificó posteriormente como una conversación informal. Casa Macondo rechazó ese argumento y recordó que, en periodismo, las declaraciones atribuibles y publicables no pierden su carácter público de manera retroactiva.
El medio también cuestionó una contradicción del fallo: mientras se ordena censurar la investigación, se exhorta al magistrado a tener prudencia por el impacto institucional de sus palabras, lo que —según el medio— confirma el interés público del caso. Además, señalaron que tanto la madre como el hijo involucrados han respaldado lo publicado.
Casa Macondo anunció que retirará la investigación bajo protesta y llevará el caso ante instancias nacionales e internacionales, al considerar que el precedente pone en riesgo la libertad de prensa y el derecho ciudadano a la información.
