El año 2026 comenzó con un nuevo recrudecimiento del conflicto armado en la región del Catatumbo, en Norte de Santander. En los últimos días, los enfrentamientos entre el frente 33 de las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han provocado nuevos desplazamientos forzados y ataques directos contra la población civil, en una crisis humanitaria que se viene presentando desde enero de 2025.
El hecho más reciente ocurrió el 31 de diciembre en el corregimiento de Filo El Gringo, jurisdicción del municipio de El Tarra, donde un puesto de salud fue atacado con drones cargados con explosivos. El ataque dejó daños en la infraestructura del centro médico y al menos cinco personas heridas, entre ellas dos menores de edad. Autoridades sanitarias confirmaron que también se registraron disparos en medio de los combates.
Hospital bajo ataque y atención médica suspendida
Tras el ataque, la atención en el puesto de salud quedó prácticamente paralizada. El Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander informó que solo se están recibiendo casos de urgencia, debido a la imposibilidad de garantizar la seguridad del personal médico y de las misiones humanitarias.
Los profesionales de la salud que prestan su servicio rural en El Tarra solicitaron explicaciones y traslado de la zona, argumentando riesgo permanente por el fuego cruzado. Según las autoridades, algunos menores lograron ser evacuados, pero el personal sanitario no ha podido regresar de forma segura, lo que agrava la atención a una población cada vez más vulnerable.
Desplazamiento forzado y comunidades confinadas
En paralelo, el desplazamiento forzado continúa en aumento. Organizaciones sociales y autoridades locales reportan que, solo en las últimas 48 horas, al menos 56 familias se desplazaron desde El Tarra hacia Ocaña. Otras fuentes hablan de más de 500 personas desplazadas en municipios como Tibú y El Tarra durante los últimos días, mientras que varias comunidades permanecen confinadas en zonas rurales.
Líderes sociales del Catatumbo advierten que la población civil está atrapada en medio de una confrontación que no da tregua. Desde enero de 2025, esta guerra por el control territorial y de economías ilegales ha provocado una de las crisis humanitarias más graves de las últimas décadas, con más de 78.000 personas desplazadas, según cifras de la Defensoría del Pueblo.
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Respuesta del Estado y llamado humanitario
Ante la escalada de violencia, el Ministerio de Defensa anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Tibú, el refuerzo del pie de fuerza en los cascos urbanos de Tibú y El Tarra, y el despliegue de tropas del Ejército en zonas rurales. También se activó apoyo helicoportado, labores de inteligencia y una caravana humanitaria para atender a la población afectada.
La nueva cúpula militar confirmó que habrá intervención directa para proteger a la población civil y recuperar el control territorial. Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo reiteró el llamado urgente a los grupos armados para suspender las confrontaciones, respetar a la población civil y permitir corredores humanitarios que garanticen la atención a las comunidades afectadas.
La situación en el Catatumbo sigue siendo crítica. Los ataques con drones, el desplazamiento forzado y la suspensión de servicios básicos confirman que la crisis humanitaria no solo persiste, sino que se profundiza, mientras miles de familias continúan a la espera de condiciones mínimas de seguridad para permanecer o regresar a su territorio.
