Una vez más, Colombia se enfrenta al dolor de un crimen que no solo enluta a una familia, sino que sacude a todo un país. El homicidio de Sara Millerey, una mujer trans de 32 años, ocurrido en el municipio de Bello, Antioquia, ha motivado la acción inmediata de las autoridades y una movilización masiva de la sociedad civil. En respuesta, el general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, anunció la conformación de un Grupo Especial de Investigación para esclarecer el caso y llevar a los responsables ante la justicia.
En su cuenta oficial en X (antes Twitter), el general Triana afirmó que el equipo está articulado con el CTI de la Fiscalía y se organiza en cuatro frentes clave: técnico, científico, criminal y judicial. Se trata de una medida urgente frente a un crimen que no solo representa una tragedia individual, sino que expone la creciente vulnerabilidad de la comunidad LGTBIQ+ en Colombia.
Una Recompensa de Hasta $100 Millones Busca Romper el Silencio
Como parte de las estrategias de investigación, las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta $100 millones por información que permita dar con el paradero de los responsables. La Alcaldía de Bello aportó inicialmente $50 millones, y posteriormente la Gobernación de Antioquia duplicó la cifra, demostrando la importancia del caso en la agenda de seguridad regional.
El crimen ha generado un profundo rechazo en distintas esferas del país, y desde el primer momento activistas, ciudadanos y organizaciones sociales han exigido justicia. Las manifestaciones en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bello han sido claras: este no es un caso aislado. Es el reflejo de un patrón de violencia sistemática contra personas trans y otras identidades diversas.
25 Personas LGTBIQ+ Asesinadas en 2025: Una Crisis de Derechos Humanos
El asesinato de Sara Millerey se suma a una cifra alarmante: 25 personas de la comunidad LGTBIQ+ han sido asesinadas en Colombia en lo que va del año, de acuerdo con datos del colectivo Caribe Afirmativo. De estas, 13 ocurrieron en Antioquia y 9 específicamente en el Valle de Aburrá. Solo en el municipio de Bello se han registrado tres casos, lo que convierte al municipio en un punto crítico de esta ola de violencia.
Aún más doloroso resulta saber que 15 de las víctimas eran mujeres trans, lo que pone de manifiesto un patrón que no puede ser ignorado por las autoridades. Esta situación no solo exige respuestas judiciales, sino una política clara y robusta de protección a los derechos humanos y a la vida de las personas LGTBIQ+ en todos los niveles del Estado.
La muerte de Sara no puede caer en el olvido. Su nombre, como el de tantas otras víctimas, debe impulsar una reflexión profunda sobre los vacíos en protección, justicia y representación que aún persisten en Colombia. La existencia de cifras tan contundentes no puede seguir siendo respondida con comunicados esporádicos; se necesitan políticas públicas que aborden de raíz esta crisis humanitaria.
¿Logrará el Grupo Especial Resolver el Crimen de Sara Millerey?
Con el grupo de investigación ya en marcha y la recompensa ofrecida, la expectativa ahora se centra en los resultados. ¿Será esta vez diferente? ¿Tendrán justicia Sara y su familia? ¿Podrá este caso marcar un punto de inflexión en la lucha contra la violencia hacia las personas LGTBIQ+?
Mientras tanto, la ciudadanía sigue vigilante. Porque más allá de resolver un crimen, Colombia tiene la oportunidad —y la obligación— de enviar un mensaje claro: ninguna vida diversa debe apagarse por el odio.
