En el marco de una articulada ofensiva contra el crimen organizado transnacional, autoridades colombianas ejecutaron con éxito la denominada Operación Redentor, una acción coordinada que culminó con la detención de un presunto integrante estratégico de la organización criminal conocida como La Cordillera. El operativo, desarrollado en la ciudad de Pereira por el Bloque de Búsqueda, permitió la ubicación y aprehensión de Steven Soto, un individuo señalado de articular redes financieras y logísticas a nivel continental.
La captura se produce tras intensas labores de inteligencia e investigación que permitieron rastrear los movimientos del procesado, quien mantenía nexos directos con altas esferas de la delincuencia organizada en varios países de la región. Steven Soto poseía una notificación roja de Interpol emitida desde Brasil, país desde donde era requerido por las autoridades judiciales debido a sus presuntas actividades ilícitas vinculadas al crimen transnacional.
Red transnacional de préstamos y blanqueo de capitales
De acuerdo con la información oficial proporcionada por las autoridades, el detenido desempeñaba un rol clave en la expansión y sostenimiento de las finanzas ilícitas de la estructura La Cordillera. Su modus operandi abarcaba el desplazamiento permanente entre Perú, Colombia y Brasil, dinamizando una sofisticada red de financiamiento ilegal que operaba bajo las modalidades de préstamos usurarios conocidos como “gota a gota” y créditos internacionales.
Las investigaciones destacan que Steven Soto fungía como un articulador estratégico, aliado de varios cabecillas estructurales de La Cordillera. A través de estas operaciones financieras informales, no solo se captaban recursos de manera ilegal, sino que también se facilitaba el blanqueo de capitales derivado de diversas actividades delictivas de la organización. Asimismo, el expediente judicial lo vincula de manera directa con requerimientos por el delito de vínculo con organización armada.
Las operaciones de esta red no se limitaban a los pasos fronterizos continentales; a nivel local y regional, Steven Soto venía desarrollando y coordinando actividades ilícitas recurrentes en ciudades del Eje Cafetero como Pereira y Armenia, extendiendo sus ramificaciones operativas hacia otros puntos estratégicos de Sudamérica.
Cooperación internacional y conexiones con el Primer Comando Capital
Uno de los elementos más relevantes revelados por las autoridades tras la ejecución de la Operación Redentor es el entramado de alianzas internacionales que mantenía el capturado. Los reportes señalan que el procesado registraba contactos y nexos operativos con el Primer Comando Capital (PCC), la poderosa organización criminal de origen brasileño. Esta relación evidencia el alcance geográfico y la capacidad de articulación entre grupos delictivos de alcance regional para el flujo de dinero e insumos ilícitos en el continente.
El éxito de la Operación Redentor es el resultado de un esfuerzo interinstitucional de gran escala que abarca la articulación de más de 15 personas y el soporte especializado de agencias internacionales. En el proceso de rastreo, localización y consolidación probatoria colaboraron organismos como la Interpol, así como agenagencias de seguridad e investigación de Estados Unidos, entre las que se encuentran los U.S. Marshals, el FBI (Oficina Federal de Investigación) y el Homeland Security (Departamento de Seguridad Nacional).
Estas agencias internacionales aportaron valiosa inteligencia técnica y operativa a la estrategia desplegada por el Bloque de Búsqueda en la ciudad de Pereira y en toda la zona metropolitana. Las autoridades destacaron que este tipo de operaciones conjuntas refuerza la capacidad de respuesta frente a estructuras complejas que intentan utilizar las fronteras para evadir la justicia.
Con la detención de Steven Soto, las autoridades asestan un golpe significativo a la infraestructura financiera de La Cordillera, al tiempo que debilitan los canales de conexión entre redes criminales de Colombia, Brasil y Perú. El capturado ha sido puesto a disposición de las autoridades competentes para avanzar en su proceso de judicialización y atender los requerimientos internacionales formulados en su contra.
