Un grave caso de irregularidad administrativa y presunta corrupción interna sacude las estructuras institucionales del Ejército Nacional de Colombia. Luego de un exhaustivo proceso de seguimiento e investigación penal desarrollado a lo largo de dos años, la Fiscalía General de la Nación hizo efectivas las órdenes de captura contra nueve integrantes de la institución militar —entre quienes se encuentran oficiales en servicio activo, suboficiales y un uniformado en condición de retiro— señalados de integrar una red dedicada al desvío sistemático de recursos públicos en el departamento de Norte de Santander. De acuerdo con el acervo probatorio recopilado por los investigadores del ente de control, el monto del desfalco asciende a los 100 millones de pesos colombianos, una suma que estaba presupuestada y asignada específicamente para garantizar el abastecimiento alimentario y la logística de víveres de un batallón acantonado en el municipio de Ocaña durante la vigencia del año 2024.
Las diligencias de captura se llevaron a cabo de manera simultánea en diferentes regiones del territorio nacional mediante operativos coordinados entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y unidades de la Policía Nacional. La magnitud del despliegue operativo reflejó la dispersión geográfica de los implicados, quienes fueron localizados y detenidos en ciudades y municipios estratégicos tales como Bogotá, Cúcuta, San Vicente de Chucurí, Barrancabermeja, Fusagasugá, Nilo, Puerto Boyacá, Caucasia y Túquerres. Entre los ciudadanos judicializados figuran los mayores Juan Camilo Lasso Leyton, David Leandro Hernández Ramírez y Daniel Camilo Rodríguez Guerrero; los sargentos Gilberto Valencia Vargas, Jair Alberto Polo Pedraza, Richard Josué Rodríguez Pontón, Luis Carlos Tafur Tafur y Carlos Arturo Hurtado Ayala; así como el suboficial en retiro Jorge Armando Mejía Quevedo. La acción coordinada de las autoridades busca sentar un precedente contundente frente al manejo ilícito de la logística castrense.
Maniobras documentales y falsificación de registros para ocultar el desvío
Los hallazgos presentados por los peritos contables y los fiscales asignados al caso revelan un modus operandi minuciosamente planificado para evitar encender las alarmas de los órganos de control interno. El desvío de los dineros públicos se habría consumado en un período comprendido entre los meses de abril y octubre de 2024. Durante este lapso de siete meses, los hoy procesados habrían tomado la determinación de apropiarse de manera indebida de los presupuestos estatales, diseñando paralelamente una serie de estratagemas contables dirigidas a falsear la realidad operativa de las unidades militares y simular una normalidad inexistente en la distribución de suministros.
Según la hipótesis del ente acusador, los militares imputados recurrieron de forma recurrente a la alteración sistemática de documentos oficiales y a la firma de planillas de control que certificaban, de manera fraudulenta, la entrega de raciones de víveres secos a por lo menos seis pelotones. No obstante, las verificaciones en terreno demostraron que dichas certificaciones no guardaban relación alguna con las necesidades reales de la unidad militar ni con las entregas efectivas que se realizaban en los comedores de la base. Para abultar las cifras y justificar el gasto presupuestal del dinero desviado, en las planillas oficiales se registraban supuestas provisiones asignadas a escuadras que ni siquiera se encontraban adelantando operaciones de campo o a personal militar que, para la época de los hechos, se hallaba concentrado realizando ciclos de entrenamiento en instalaciones ubicadas en el municipio de Aguachica, departamento del Cesar.
Imputación de cargos y situación jurídica de los procesados
Ante la contundencia de las pruebas documentales y los testimonios recolectados, un fiscal adscrito a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander formalizó la presentación de los detenidos ante un juez de control de garantías. En la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, la representación de la Fiscalía imputó formalmente a los nueve uniformados los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, tipologías penales que varían en su grado de responsabilidad de acuerdo con la participación individual y el rol desempeñado por cada uno de los investigados dentro de la estructura de la unidad militar afectada.
A pesar del riguroso cuadro probatorio expuesto por la representación fiscal durante la vista pública, los nueve imputados optaron por no aceptar los cargos formulados y se declararon inocentes de las conductas punibles atribuidas. El proceso judicial entra ahora en una etapa clave en la que la defensa técnica de los militares intentará desvirtuar la responsabilidad de sus prohijados, mientras la justicia determina las medidas asegurativas correspondientes. El caso ha generado una amplia deliberación pública en el país respecto al fortalecimiento de los mecanismos de auditoría interna, la transparencia en la contratación estatal dentro del sector defensa y la necesidad imperiosa de salvaguardar los recursos públicos destinados al bienestar, la nutrición y la operatividad de los soldados en las zonas con mayores desafíos de orden público.
