Fuentes de la Fiscalía General de la Nación confirmaron la existencia de una indagación preliminar contra la canciller Laura Sarabia por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir. Esta investigación, aún en fase preliminar, fue motivada por una denuncia interpuesta en 2024 por la Red de Veedurías Ciudadanas, organización que ha venido solicitando mayor vigilancia sobre la gestión pública.

La indagación es adelantada por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, instancia encargada de los procesos relacionados con altos funcionarios del Estado. Según una fuente oficial citada por W Radio, “se han dispuesto varios actos investigativos desde entonces”, lo que confirma que el proceso está activo y en desarrollo.

Inspección al DAPRE para obtener reportes financieros

Como parte de las diligencias iniciales, la Fiscalía ordenó una inspección al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), donde Laura Sarabia se desempeñó anteriormente como jefa de gabinete. El objetivo de esta acción es obtener copias de los reportes de ingresos mensuales de la funcionaria, incluyendo salarios, viáticos, compensaciones y otros factores remuneratorios que puedan ser contrastados con su evolución patrimonial.

La medida también busca determinar si existieron ingresos injustificados o movimientos financieros inusuales que puedan sustentar la hipótesis de un posible enriquecimiento ilícito.

Denuncian posibles vínculos familiares y empresariales

La Red de Veedurías Ciudadanas, entidad denunciante, no solo pidió investigar a Sarabia, sino también a su esposo, Andrés Fernando Parra, y a su hermano, Andrés Sarabia. Este último es señalado por su vínculo con la empresa Consulting S.A.S, conocida por su sigla ALA, constituida el 29 de junio de 2023, fecha que ha sido destacada por los denunciantes por considerarse clave en el supuesto entramado económico.

La veeduría solicita que se investiguen los hechos ocurridos desde la posesión del presidente Gustavo Petro, en agosto de 2022, hasta la fecha. Según el documento presentado ante la Fiscalía, se busca establecer la responsabilidad penal de los autores materiales e intelectuales de los supuestos delitos.


Contexto de la funcionaria en el gobierno actual

Laura Sarabia es una figura central dentro del equipo de gobierno del presidente Gustavo Petro. Luego de su paso por la jefatura de gabinete en la Casa de Nariño, fue designada como ministra de Relaciones Exteriores, cargo que actualmente ocupa.

La funcionaria ya ha estado en el foco de la opinión pública en ocasiones anteriores por su cercanía con el jefe de Estado y su rol clave en la articulación del poder Ejecutivo. Sin embargo, hasta el momento, no se ha pronunciado oficialmente sobre esta nueva indagación.

Fiscalía avanza con discreción en el caso

Aunque se trata de una indagación preliminar —una etapa que no implica aún imputación de cargos—, la Fiscalía ha comenzado a recolectar información financiera y administrativa que permita establecer si existe mérito para avanzar a una fase formal del proceso. La confidencialidad con la que se maneja el caso busca garantizar la transparencia y evitar filtraciones que puedan interferir con la obtención de pruebas.

El desarrollo de esta investigación podría tener repercusiones políticas significativas, especialmente por el cargo que ostenta actualmente la funcionaria y su historial en el círculo más cercano del Ejecutivo.


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