El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzó una propuesta al mandatario colombiano Gustavo Petro en medio de un cruce de declaraciones sobre derechos humanos. El jefe de Estado salvadoreño ofreció trasladar a Colombia el 100 % de la población carcelaria de su país, en respuesta a las críticas de Petro, quien calificó las cárceles salvadoreñas como “campos de concentración”.
La tensión se originó tras un pronunciamiento de Petro en la red social X, donde cuestionó el modelo de seguridad de El Salvador y aseguró que una parte significativa de los detenidos sería inocente. Según el mandatario colombiano, las capturas masivas bajo el régimen de excepción incluyen a jóvenes detenidos por criterios como su apariencia o edad, lo que, a su juicio, constituye una violación a los derechos humanos.
En respuesta, Bukele planteó que, si Colombia considera que en su país se cometen abusos sistemáticos, debería asumir una postura coherente. En ese sentido, propuso recibir a todos los detenidos en territorio colombiano, incluidos aquellos que Petro ha señalado como posibles víctimas de detenciones arbitrarias, bajo la condición de que el traslado sea total.
El mandatario salvadoreño sostuvo que, si se trata de una situación que compromete la dignidad humana, no caben medidas parciales. Por ello, insistió en que no sería aceptable dejar a una sola persona en esas condiciones, en un mensaje que combinó tono diplomático con una respuesta directa a las acusaciones del gobierno colombiano.
El trasfondo del choque refleja dos enfoques opuestos frente a la seguridad. Mientras el gobierno de Bukele defiende su estrategia como una respuesta efectiva al control territorial de las pandillas, el presidente Petro ha insistido en un modelo basado en el diálogo y la desescalada del conflicto, enmarcado en su política de “paz total”.
El contexto en El Salvador está marcado por el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, que ha permitido la detención de decenas de miles de personas. Organizaciones de derechos humanos han documentado denuncias por presuntas irregularidades en las capturas, así como muertes bajo custodia estatal, lo que ha alimentado el debate internacional sobre el modelo de seguridad aplicado en ese país.
Hasta el momento, el Gobierno colombiano no ha emitido una respuesta oficial sobre la propuesta. El intercambio entre ambos mandatarios introduce un nuevo episodio de tensión diplomática en la región y reabre el debate sobre los límites entre seguridad, legalidad y derechos humanos en América Latina.
