El asesinato de Orelha, un perro callejero que vivía desde hacía más de una década en la playa Praia Brava de Florianópolis, desató una ola de indignación en todo Brasil y convirtió el caso en un símbolo de la lucha contra el maltrato animal y la impunidad.
Orelha era conocido por vecinos y comerciantes de la zona como un “perro comunitario”: no tenía dueño, pero era alimentado, cuidado y protegido por la comunidad local. A comienzos de febrero, el animal murió tras ser brutalmente golpeado. La Policía Civil investiga a tres adolescentes como presuntos responsables del ataque, ocurrido a principios de mes. Además, familiares de dos de los sospechosos y un tío fueron acusados de coaccionar a un testigo del caso.
La noticia generó una reacción inmediata. Miles de personas salieron a las calles en distintas ciudades bajo la consigna “Justiça por Orelha”, exigiendo justicia y penas más duras contra la crueldad animal. Las manifestaciones se replicaron en todo el territorio brasileño, desde el sur hasta el norte del país.
En São Paulo, una de las protestas más numerosas tuvo lugar en la Avenida Paulista, donde activistas, familias y organizaciones animalistas marcharon con pancartas que denunciaban la violencia del hecho. “No es una broma de adolescentes, es un asesinato”, se leía en varios carteles. En otras ciudades, concentraciones similares reclamaron mayor protección legal para los animales y un castigo ejemplar para los responsables.
La indignación también se trasladó a las redes sociales, donde circularon fotografías, videos y recuerdos de Orelha, reforzando su figura como un símbolo de la convivencia comunitaria y del abandono que sufren miles de animales en el país.
El caso abrió un intenso debate a nivel nacional. Organizaciones animalistas reclamaron un endurecimiento de las leyes contra el maltrato animal, mientras que algunos sectores políticos aprovecharon la conmoción para reavivar la discusión sobre la reducción de la edad penal a 16 años.
Vecinos y activistas expresaron su temor a la impunidad, especialmente luego de que trascendiera que las familias de algunos de los adolescentes investigados tendrían influencia económica y social en la ciudad. Para muchos manifestantes, la violencia ejercida contra Orelha y el perfil de los acusados reflejan desigualdades estructurales que atraviesan la sociedad brasileña.
La Policía Civil confirmó que investiga a tres adolescentes, tras descartar la participación de un cuarto sospechoso. Dos de los jóvenes ya fueron interrogados, aunque sus abogados sostienen que las pruebas son “frágiles” y denunciaron una supuesta “inquisición digital” contra las familias.
La indignación pública aumentó cuando se conoció que dos de los adolescentes viajaron a Disneylandia, en Florida, poco después del crimen, un hecho que muchos interpretaron como una señal de privilegio e impunidad.
El asesinato de Orelha se convirtió así en un hito de movilización social en Brasil, visibilizando la violencia contra los animales y la exigencia de justicia. Para miles de ciudadanos, su muerte no solo representa una tragedia individual, sino también un llamado urgente a proteger la vida y a revisar las leyes que regulan la crueldad y la responsabilidad penal en el país.
