La violencia en Arauca y Chocó vuelve a encender las alarmas en el país. En la noche del lunes 6 de enero, un secuestro múltiple y un ataque contra la infraestructura vial ponen de nuevo en evidencia los desafíos para garantizar la seguridad en regiones históricamente afectadas por la presencia de grupos armados ilegales.
El secuestro de Ricardo Ramos, firmante del Acuerdo de Paz, junto a cinco personas más en la vereda Caño Tigre, municipio de Arauquita, Arauca, ha sido atribuido preliminarmente al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este evento no solo supone una grave vulneración a los derechos fundamentales, sino que también subraya las dificultades en la implementación de los acuerdos de paz.
Por otro lado, en el departamento del Chocó, el ELN protagonizó un ataque en la vía Quibdó-Pereira, incinerando un furgón de alimentos y cuestionando el cumplimiento de un posible “cese al fuego”. Las autoridades locales han solicitado refuerzos militares para garantizar la seguridad en esta importante arteria vial, especialmente durante el regreso vacacional.
El secuestro en Arauca: una amenaza a la consolidación de la paz
La noche del lunes, Ricardo Ramos y otros cinco habitantes de la vereda Caño Tigre fueron privados de su libertad en un acto que, según informes preliminares, estaría relacionado con el ELN. La Octava División del Ejército Nacional, en coordinación con el Gaula Militar de Arauca y el Gaula de la Policía Nacional, desplegó de inmediato tropas en la región para investigar y localizar a los secuestrados.
El Ejército Nacional calificó el secuestro como una grave violación de los derechos a la vida y la libertad, y reafirmó su compromiso con la seguridad de los habitantes de Arauca. Sin embargo, este acto pone de manifiesto la fragilidad de la paz en regiones donde los acuerdos firmados con las FARC-EP no han logrado erradicar la violencia por completo.
La comunidad internacional y organizaciones defensoras de derechos humanos han hecho un llamado urgente al ELN para que respete la vida e integridad de los secuestrados. Estos grupos han señalado que este tipo de acciones perpetúan el círculo de violencia y dificultan cualquier intento de negociación o reconciliación.
En un contexto de violencia creciente, Arauca se enfrenta a una situación crítica. Con la presencia de múltiples actores armados ilegales que disputan el control territorial y las rutas estratégicas, la población civil queda atrapada en medio del conflicto.
Ataques en la vía Quibdó-Pereira: ¿dónde está la tregua?
El mismo lunes, en el municipio de Tadó, Chocó, el ELN protagonizó otro acto de violencia. Un furgón de transporte de alimentos fue incinerado en la vía Quibdó-Pereira, a la altura del corregimiento del Tabor. Según testigos, el vehículo fue detenido y quemado bajo las insignias del grupo guerrillero, generando temor entre los habitantes y usuarios de esta importante carretera.
La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, criticó con firmeza este ataque y cuestionó si el ELN realmente está cumpliendo con una “tregua” o “cese al fuego”. En declaraciones públicas, Córdoba enfatizó:
“¿Hay en verdad ‘tregua’ o ‘cese al fuego’ cuando no cesan las acciones bélicas contra la población civil, el comercio, los servicios y vías públicas?”.
Córdoba solicitó a la XV Brigada del Ejército Nacional reforzar la seguridad en la vía Quibdó-Pereira, especialmente durante la temporada de retorno vacacional, cuando se espera un mayor flujo vehicular. Esta carretera es vital para la conexión entre el occidente y el centro del país, y cualquier ataque en esta vía tiene un impacto significativo en la economía regional y nacional.
Una encrucijada para el Estado y la población
El secuestro en Arauca y el ataque en Chocó dejan en evidencia los múltiples retos que enfrenta el Estado colombiano para consolidar la paz en zonas rurales. A pesar de los esfuerzos por avanzar en procesos de negociación con grupos armados como el ELN, los actos violentos continúan, afectando directamente a la población civil.
La implicación de un firmante del Acuerdo de Paz en el secuestro en Arauca es un recordatorio de los riesgos que persisten para aquellos que han decidido reincorporarse a la vida civil. Este hecho también resalta las limitaciones en la protección de líderes sociales y firmantes de paz, un aspecto que ha sido fuertemente criticado por organizaciones nacionales e internacionales.
En el caso del ataque en Chocó, la pregunta planteada por la gobernadora Nubia Córdoba sobre la supuesta tregua del ELN cobra especial relevancia. ¿Cómo puede construirse confianza en procesos de negociación cuando se mantienen acciones que afectan directamente a la población y la infraestructura pública?
Por ahora, el Ejército y las autoridades locales han intensificado sus operativos en ambas regiones, buscando tanto la liberación de los secuestrados como el restablecimiento de la seguridad en las vías. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿qué medidas adicionales debe tomar el Estado para garantizar la paz en territorios donde la violencia parece no dar tregua?
