La madrugada del viernes 16 de mayo, un nuevo y grave episodio de violencia se registró en el convulsionado territorio del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander. Un ataque con drones explosivos impactó la vereda Tres Aguas, zona rural ubicada entre los corregimientos de Versalles y Filo Gringo, jurisdicción de los municipios de Tibú y Tibarra.
De acuerdo con los primeros reportes difundidos por Blu Radio y confirmados por autoridades locales, cinco personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad. El niño fue alcanzado por la onda expansiva mientras dormía en una hamaca y, debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano, donde su estado de salud sigue siendo delicado.
Presencia militar y apoyo a las víctimas
Frente a los hechos, unidades de la Policía de Norte de Santander y del Ejército Nacional se movilizaron rápidamente hasta el lugar del atentado para asegurar el perímetro, recolectar evidencia y brindar atención a las víctimas. Las autoridades indicaron que se espera un informe médico oficial en las próximas horas, así como detalles adicionales sobre el tipo de explosivo utilizado y el origen de los artefactos lanzados.
La comunidad afectada recibió también asistencia humanitaria inicial por parte de las entidades locales, aunque líderes sociales han advertido que la respuesta estatal continúa siendo insuficiente frente al riesgo permanente que enfrenta la población civil.
Drones explosivos: nueva táctica de guerra en el Catatumbo
El uso de drones cargados con explosivos no es un fenómeno nuevo en la región. Desde el 16 de enero de 2025, fecha en la que se intensificaron los enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), esta tecnología ha sido adoptada como una herramienta de guerra con consecuencias devastadoras para la población rural.
Según reportes del Ejército Nacional, estas acciones se enmarcan en la lucha territorial que libran los grupos armados ilegales por el control del Catatumbo, una de las zonas más estratégicas por su cercanía con la frontera venezolana y por la presencia de rutas del narcotráfico. Las autoridades militares han señalado que estos ataques afectan gravemente tanto a uniformados como a habitantes de comunidades rurales, donde la infraestructura de atención a emergencias es limitada o inexistente.
Defensoría y líderes sociales alertan sobre vulnerabilidad civil
La Defensoría del Pueblo ha manifestado su preocupación por la creciente utilización de tecnologías de guerra en territorios donde el Estado no tiene una presencia efectiva. En varias alertas tempranas, la entidad ha advertido sobre la vulnerabilidad de comunidades campesinas, especialmente en áreas como Tibú, El Tarra y Sardinata.
Por su parte, líderes sociales y defensores de derechos humanos en la región han criticado el silencio del Estado frente a la escalada de violencia. Aseguran que los diálogos de paz sostenidos por el Gobierno nacional no han generado resultados tangibles para las comunidades que siguen atrapadas entre las acciones de los grupos armados.
En declaraciones recientes, varios voceros locales han instado al Ejecutivo a tomar medidas urgentes, como el aumento de la presencia institucional, el refuerzo de las capacidades médicas y humanitarias, y la adopción de políticas de seguridad que prioricen la protección de la vida civil.
Se esperan pronunciamientos oficiales
Tras el ataque, se espera que en las próximas horas el Comando de la Segunda División del Ejército y el Gobernador de Norte de Santander entreguen un balance actualizado sobre la situación humanitaria y de seguridad en la zona. Estos informes serán clave para determinar si el Estado aumentará su presencia en la región y tomará acciones concretas para detener la violencia armada que amenaza constantemente a miles de campesinos.
Este nuevo atentado en el Catatumbo evidencia una preocupante normalización del uso de drones explosivos en el conflicto colombiano, y subraya la necesidad urgente de una estrategia integral que combine seguridad, asistencia humanitaria y desarrollo institucional en las zonas más golpeadas por la guerra.
