Un nuevo ataque perpetrado por disidencias de las FARC sacudió el sur del Cauca en la noche del 3 de septiembre de 2025, cuando un dron cargado de explosivos impactó la subestación de Policía en Piedra Sentada , municipio de El Patía. El saldo inicial fue de un uniformado herido y tres civiles también lesionados, todos trasladados al hospital de El Bordo con heridas que, según los reportes preliminares, “no revisten gravedad”.
Sin embargo, en una noticia trágica que cambió el tenor del informe, se confirmó el fallecimiento del policía herido: el patrullero Jeiner Lucumí Caracas, quien fue impactado por uno de los explosivos lanzados desde el dron. Su fallecimiento marca una escalada dramática en los efectos mortales de esta modalidad terrorista, que ya padecen tanto los agentes de la Fuerza Pública como la población civil.
La comunidad local observó con preocupación recurrentes sobrevuelos de drones, presuntamente entrenados por las disidencias para dirigir atentados contra la Fuerza Pública. En menos de una semana, esta región del Cauca sufrió al menos tres ataques, dos de ellos con drones y otro mediante un vehículo cargado de explosivos.
Este hecho se inscribe en un patrón creciente de ataques con drones armados en Colombia. Durante los primeros ocho meses de 2025 se registraron cerca de 180 incidentes de este tipo, cifra que supera ampliamente los 119 del año anterior. Sectores como Cauca , Catatumbo y Antioquia han sido los más afectados
Ante esta amenaza persistente y de alta tecnología, las autoridades no han logrado desplegar una respuesta eficaz: aún persisten grandes vacíos en la capacidad de detección y neutralización de drones. En este contexto, el Ministerio de Defensa ha propuesto una normativa que reglamente el uso de drones y antidrones, e imponga sanciones más severas por su empleo con fines terroristas.
Este ataque, sumado al fallecimiento del patrullero Jeiner Lucumí Caracas, intensifica el llamado urgido del Gobierno local y nacional para reforzar la seguridad, avanzar en el control territorial y desarrollar una respuesta conjunta efectiva frente a este nuevo tipo de amenaza que pone en riesgo tanto a policías como a comunidades campesinas inocentes.
