Un nuevo episodio de violencia sacudió el municipio de Anorí, Antioquia, luego de que disidencias armadas activaran un campo minado y abrieran fuego contra miembros de la Fuerza Pública que intentaban retirar una bandera insurgente en las cercanías del casco urbano. Según reportes oficiales, en el ataque falleció el teniente Brayan Bello , mientras que los soldado s Santiago Salazar, Ángelo Ortiz y Anuar Jarariyu resultaron gravemente heridos.
El ataque fue atribuido a estructuras rebeldes bajo los alias Checho y Primo Gay, que habían instalado explosivos en el terreno y aguardaban emboscar a la patrulla militar. Cuando los uniformados se acercaron para intervenir, los artefactos detonaron y simultáneamente recibieron fuego enemigo. En un audaz movimiento, las mismas ambulancias destinadas al auxilio fueron atacadas, vulnerando lo que establece el Derecho Internacional Humanitario.
Uno de los conductores que intentó llegar al punto del ataque denunció con indignación: “los criminales … mataron a un joven teniente en Anorí y tres soldados están heridos”. Con esa dureza condenó la emboscada y exigió al gobierno nacional respuestas urgentes. Esta frase ha circulado con fuerza en redes sociales, alimentando el rechazo popular frente a la escalada de agresiones.
Frente a este escenario, la administración local reaccionó rápidamente imponiendo un toque de queda nocturno entre las 21:00 y las 4:30, prohibiendo el tránsito de motos con parrillero durante la noche y restringiendo horarios comerciales y de entretenimiento en el centro del municipio. Estas medidas temporales buscan contener nuevos ataques y garantizar un mínimo de orden durante las investigaciones.
Este hecho refleja la profunda fragilidad de la seguridad en el nordeste antioqueño, donde confrontaciones entre disidencias, actores armados y fuerzas estatales se han intensificado en los últimos años. En esta región, los riesgos para la población civil —y hasta para los servicios de auxilio— se han tornado recurrentes, y el poder estatal es objeto constante de provocaciones brutales.
En los próximos días, las autoridades deberán esclarecer no solo las identidades y responsabilidades detrás del ataque, sino también cómo logró instalarse un campo minado tan cerca del casco urbano y por qué las ambulancias resultaron blanco de agresión. La muerte del teniente Bello y las heridas de sus compañeros obligan al Estado a responder con firmeza para restaurar el control y proteger la vida de soldados y habitantes por igual.
