La noche del martes 9 de septiembre, el municipio de Pradera, Valle del Cauca, fue sacudido por un hecho violento que dejó sin vida a José Jiménez, secretario de Gobierno local. El funcionario fue asesinado por un sicario mientras veía el partido de la Selección Colombia frente a Venezuela, justo al frente de la Alcaldía. Las cámaras de seguridad del establecimiento comercial registraron el momento exacto del ataque, imágenes que hoy son clave en la investigación de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, entidades que trabajan para dar con los responsables de este crimen que altera la tranquilidad de la región.
El asesinato de Jiménez no solo enluta a las autoridades locales, sino que también prende las alarmas sobre el recrudecimiento de la violencia en esta zona del país, donde confluyen distintos actores armados y estructuras criminales. La pérdida de un funcionario activo y visible, considerado además un líder social, revive el debate sobre las garantías de seguridad para quienes ejercen funciones públicas y comunitarias en contextos de alta conflictividad.
Un líder social y político en la mira
De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), José Dorian Jiménez Salazar era mucho más que un funcionario municipal. Fue concejal de Pradera en el periodo 2020-2023 por el Partido Conservador y en la actualidad se desempeñaba como secretario de Gobierno. Su trayectoria política estuvo marcada por la defensa de los intereses comunitarios y la búsqueda de mejoras territoriales para la población.
Indepaz lo definió como un líder social y político con incidencia en la región. “Se destacó por su labor en el municipio y por su lucha en favor de las mejoras territoriales de su comunidad”, expresó la organización. Este reconocimiento refuerza la gravedad del hecho, pues el ataque no solo silencia a un servidor público, sino también a una voz activa en la construcción de paz y participación ciudadana.
El ataque y sus consecuencias
El crimen ocurrió en un establecimiento público cercano a la Alcaldía, mientras Jiménez disfrutaba del partido de la Selección Colombia en compañía de otros ciudadanos. Según Indepaz, varios hombres armados irrumpieron en el lugar y dispararon directamente contra el secretario de Gobierno, quien murió de inmediato. En el ataque también resultaron heridos su asistente personal y un ciudadano que se encontraba en el lugar; ambos fueron trasladados a centros asistenciales.
El hecho desató pánico entre los asistentes que veían el partido, mostrando una vez más cómo la violencia se cuela incluso en escenarios cotidianos. La reacción inmediata de las autoridades busca no solo esclarecer el homicidio, sino también contener el impacto que tiene en el orden público y en la percepción de seguridad de los habitantes de Pradera.
¿Quiénes estarían detrás del crimen?
La situación de seguridad en el Valle del Cauca se ha visto marcada por la presencia de distintos grupos armados que disputan control territorial. Indepaz identificó que en esta zona delinquen estructuras como el frente Adán Izquierdo del Bloque Central Isaías Pardo, el frente Dagoberto Ramos, el frente 57 Yair Bermúdez, además de bandas criminales locales.
La hipótesis inicial apunta a que estos grupos, vinculados con economías ilegales y actividades de intimidación, podrían estar detrás de este tipo de ataques selectivos. Aunque aún no hay pronunciamiento oficial sobre autores materiales o intelectuales, la investigación busca determinar si el asesinato de Jiménez estuvo motivado por su papel político, sus decisiones en el ámbito de gobierno local o presiones relacionadas con dinámicas de criminalidad en la región.
¿Qué significa este hecho para Pradera?
El asesinato de José Jiménez golpea de lleno la confianza en las instituciones y deja un vacío en la administración municipal de Pradera. Más allá de la pérdida de un funcionario, se trata de un crimen que pone en entredicho las garantías de seguridad de los líderes locales en el Valle del Cauca, un territorio donde la violencia sigue siendo una amenaza latente.
La pregunta que queda en el aire es si las autoridades nacionales y departamentales podrán responder de manera efectiva para frenar el accionar de los grupos armados y proteger a quienes, desde la política y el liderazgo social, trabajan por el bienestar de sus comunidades. ¿Será este crimen un punto de inflexión para replantear la estrategia de seguridad en la región?
