Un grupo de disidencias de las FARC secuestró a nueve funcionarios adscritos a la Gobernación del Cauca mientras cumplían labores sociales en el municipio de El Plateado, corregimiento de Argelia, una zona estratégica y altamente disputada por grupos armados ilegales.
Los trabajadores, entre ellos técnicos, ingenieros y coordinadores de proyectos, se encontraban en terreno adelantando tareas relacionadas con obras comunitarias y de infraestructura. Según informó el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, el secuestro se produjo pese a haberse cumplido los protocolos de seguridad establecidos con las autoridades militares.
Disidencias del Estado Mayor Central detrás del secuestro
De acuerdo con información preliminar, los responsables del secuestro serían integrantes del frente Carlos Patiño del autodenominado Estado Mayor Central, la principal estructura de las disidencias de las FARC que se niegan a firmar un acuerdo definitivo con el Gobierno Nacional. Este grupo armado ilegal opera con fuerza en el sur del departamento, especialmente en zonas rurales de Argelia, El Tambo y Balboa, donde mantiene enfrentamientos con otras estructuras ilegales y controla economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.
La retención de los funcionarios representa una grave violación al Derecho Internacional Humanitario y una contradicción directa con los diálogos exploratorios que el Gobierno sostiene con estos grupos. Incluso, el Alto Comisionado para la Paz había anunciado recientemente avances para retomar la mesa de conversaciones suspendida en mayo, luego de otros ataques perpetrados en el norte del Cauca.
Reacciones del Gobierno y exigencia de liberación inmediata
El presidente Gustavo Petro y su gabinete reaccionaron rápidamente ante el hecho, exigiendo la liberación inmediata e incondicional de los nueve funcionarios secuestrados. A través de un comunicado, la Gobernación del Cauca reiteró su disposición al trabajo territorial, pero dejó claro que no tolerará agresiones contra sus equipos de trabajo, quienes cumplen funciones esenciales para el desarrollo social del departamento.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, calificó el hecho como “inaceptable” y ordenó reforzar la presencia militar en la zona. Por su parte, el comisionado de Paz, Otty Patiño, advirtió que este secuestro pone en riesgo la continuidad de los acercamientos con las disidencias, pues “no puede haber conversaciones en medio de atentados contra la institucionalidad”.
El secuestro también generó pronunciamientos de organizaciones de derechos humanos y de cooperación internacional, que trabajan en proyectos en el Cauca. Se teme que hechos como este deterioren la confianza de las comunidades en los procesos de paz, al tiempo que agravan la ya crítica situación humanitaria en el territorio.
