El Consejo de Estado admitió una demanda contra decreto que, según los demandantes, le quitó competencias claves en materia de control de legalidad y revisión de actos administrativos. La Sala que asumió el caso deberá decidir si suspende provisionalmente la norma mientras avanza el proceso.
La acción judicial argumenta que el decreto, expedido por el Gobierno, afecta el equilibrio de poderes y vulnera la autonomía de la jurisdicción contencioso administrativa, al trasladar funciones que históricamente han estado bajo la órbita del Consejo de Estado hacia otras instancias judiciales o administrativas.
Argumentos y alcances de la demanda
Los demandantes sostienen que la medida modifica de manera sustancial la estructura de la justicia en Colombia sin seguir el trámite legislativo correspondiente. Alegan que la Constitución reserva al Congreso la potestad de alterar las competencias de las altas cortes, y que el Ejecutivo habría excedido sus facultades al hacerlo mediante decreto.
De acuerdo con la demanda, los cambios impuestos afectan procesos de alto impacto, como la revisión de actos administrativos de carácter general y la resolución de controversias que involucran a entidades del Estado. También se advierte sobre el riesgo de generar decisiones dispares y la pérdida de uniformidad jurisprudencial.
El caso reviste especial importancia porque involucra principios como la separación de poderes, el acceso a la justicia y la seguridad jurídica. Expertos en derecho constitucional coinciden en que una eventual suspensión del decreto marcaría un precedente relevante para futuras reformas judiciales.
