La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación administrativa contra la empresa administradora de la Catedral de Sal de Zipaquirá por una posible práctica anticompetitiva relacionada con la venta de paquetes turísticos obligatorios para ingresar al recinto. La entidad busca establecer si se estaría condicionando el acceso al templo a la compra de servicios adicionales.
Según informó la SIC, la actuación se centra en determinar si el ingreso al complejo turístico se comercializa exclusivamente mediante “pasaportes” que incluyen otros servicios, sin permitir a los visitantes adquirir únicamente la entrada al lugar. Esta práctica, de comprobarse, podría constituir un presunto abuso de posición de dominio por venta atada.
La investigación se inició tras una fase preliminar en la que la entidad realizó requerimientos de información, visitas administrativas y recopilación de declaraciones. Con base en estos elementos, la Superintendencia señaló que la administración habría implementado un esquema que limita la libre elección de los consumidores.
Entre los servicios que estarían incluidos de manera obligatoria junto con el ingreso al templo se encuentran visitas guiadas, acceso a internet, entradas a la Casa Museo Quevedo Zornoza y al Museo Arqueológico de Zipaquirá, así como el transporte en tren de salida. Estos componentes no podrían ser adquiridos de forma independiente, según la hipótesis del ente de control.
De acuerdo con las pruebas recopiladas, cerca del 50% de los visitantes que adquieren estos paquetes no utilizan los servicios adicionales, lo que, según la SIC, refuerza la posibilidad de que no sean indispensables para el acceso al sitio turístico. Esta situación podría implicar un cobro por servicios no deseados por los usuarios.
La Superintendencia advirtió que este tipo de prácticas podría afectar la libertad de elección de los consumidores, al obligarlos a asumir costos adicionales para acceder a un servicio principal. En ese sentido, la entidad reiteró su compromiso con la vigilancia del mercado y la protección de los derechos de los usuarios.
Con la apertura formal del proceso, la empresa investigada podrá ejercer su derecho de defensa, presentar descargos y aportar pruebas dentro de la actuación administrativa. La SIC enfatizó que la investigación no implica una sanción, sino el inicio de un proceso para esclarecer los hechos.
La actuación se da en un contexto de crecimiento del turismo en Colombia. Entre agosto de 2022 y noviembre de 2025, el país recibió 14,8 millones de visitantes extranjeros, lo que, según la entidad, hace necesario fortalecer los controles sobre la prestación de servicios turísticos y garantizar condiciones de competencia y transparencia en el sector.
