Las recientes declaraciones de Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, extraditado a Estados Unidos, reactivaron la controversia política en Colombia tras señalar una presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
El representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Víctor Manuel Salcedo, solicitó a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, que se adelante una investigación rigurosa sobre los señalamientos hechos por el máximo jefe de la estructura criminal “La Inmaculada”. Según Marín Silva, existirían pruebas que comprometerían a Juan Fernando Petro, hermano del presidente, como presunto intermediario en la entrega de recursos para la campaña, las cuales aseguró presentará ante autoridades estadounidenses.
Salcedo reconoció que las acusaciones provienen de un delincuente condenado, pero insistió en que la gravedad de los hechos amerita una actuación clara y de fondo por parte de la justicia. Además, cuestionó la falta de resultados en investigaciones anteriores y reclamó una respuesta institucional que despeje dudas ante la opinión pública.
Paralelamente, las declaraciones de alias “Pipe Tuluá” llevaron a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes a abrir una nueva investigación penal contra el presidente Petro, esta vez por una posible financiación de campaña con fuentes prohibidas. La presidenta de la Comisión, Gloria Arizabaleta, anunció que el proceso se iniciará de oficio y se basará, entre otras pruebas, en un audio enviado por el extraditado a la candidata presidencial Vicky Dávila.
En la grabación, Marín Silva asegura haber entregado dinero a Juan Fernando Petro para la campaña presidencial y afirma contar con videos, audios y registros de consignaciones. Estas afirmaciones fueron rechazadas tanto por el presidente como por su hermano. Gustavo Petro sostuvo que no acepta chantajes de estructuras criminales y defendió su decisión de extraditar a Marín Silva, mientras que Juan Fernando Petro negó haber recibido recursos del capo y calificó las acusaciones como falsas.
El nuevo proceso en la Comisión será independiente de la investigación por presunta violación de topes electorales, que está próxima a definirse. Entre tanto, las denuncias de alias “Pipe Tuluá” siguen generando tensión política y reavivan el debate sobre la financiación de campañas y la relación del poder con estructuras criminales.
