El Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, dentro del proceso penal que se les adelanta por presuntos hechos de corrupción relacionados con el desvío de contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).
Aunque la Fiscalía General de la Nación solicitó prisión domiciliaria, la Sala Penal del Tribunal consideró que dicha medida no resultaba suficiente frente a la gravedad de los hechos investigados ni frente a los riesgos procesales acreditados durante la audiencia.
La magistrada Aura Alexandra Rosero explicó que la ausencia actual de cargo público por parte de los imputados no neutraliza el riesgo, ya que —según lo expuesto por la Fiscalía— las dinámicas investigadas trascendían el ejercicio formal de sus funciones y se apoyaban en redes políticas, administrativas y relacionales previamente consolidadas, que operaban a través de terceros.
Indicó además que el riesgo no se relaciona exclusivamente con la movilidad física de los procesados, sino con su capacidad de articulación e intermediación dentro de estructuras complejas de criminalidad contra la administración pública. Por esta razón, sostuvo que la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario resulta idónea, necesaria y proporcional.
La magistrada precisó que la decisión no se fundamenta en un riesgo de fuga inminente, sino en la necesidad actual de evitar la rearticulación de esquemas de direccionamiento contractual y la posible interferencia relacional propia de entramados de corrupción de alta complejidad, riesgos que —según advirtió— no se neutralizan con medidas no privativas de la libertad.
Imputación, cargos y valoración del Tribunal
La fiscal María Cristina Patiño imputó a los exministros los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. En audiencia, Bonilla y Velasco rechazaron los cargos y negaron los señalamientos en su contra.
Durante su intervención, la magistrada Rosero señaló que, de acuerdo con los elementos presentados por la Fiscalía, los imputados no habrían actuado de manera episódica ni aislada, sino que presuntamente integraron, desde posiciones de liderazgo, un acuerdo criminal organizado orientado a la comisión reiterada de delitos contra la administración pública.
Según el análisis del Tribunal, los entonces ministros no solo participaron en reuniones institucionales o suscribieron actos propios de sus cargos, sino que habrían articulado, promovido y coordinado, a través de terceros, un esquema reiterado de direccionamiento contractual en entidades como la UNGRD y el Invías. Este esquema, de acuerdo con la imputación, tenía como propósito asegurar mayorías legislativas para la aprobación de proyectos de ley y operaciones de crédito público, mediante el uso de recursos del erario.
La magistrada insistió en que, contrario a lo sostenido por las defensas, la imputación no se basa en actos administrativos aislados o carentes de contenido penal, sino en un conjunto sistemático, reiterado y funcionalmente articulado de comportamientos desplegados en el tiempo, que permiten inferir razonablemente la existencia de un acuerdo previo, consciente y estable.
Análisis probatorio y contexto de los hechos
El Tribunal consideró que la Fiscalía cumplió con la carga argumentativa y material necesaria para sustentar la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad, al considerar insuficientes las medidas alternativas para neutralizar el riesgo identificado.
En su análisis, la magistrada resaltó que para la época de los hechos Bonilla y Velasco se encontraban en pleno ejercicio de sus funciones ministeriales, con control sobre recursos públicos y capacidad para incidir en su direccionamiento. En ese contexto, señaló que se habría presentado una división de tareas entre ambos exfuncionarios para lograr los fines de la presunta estructura criminal.
Asimismo, se otorgó credibilidad a varios testimonios incorporados en la investigación, los cuales, según el Tribunal, guardan coherencia frente a la participación y conocimiento de los exministros en los hechos materia de investigación.
Finalmente, la magistrada advirtió que las conductas atribuidas a los exfuncionarios habrían enviado un mensaje negativo a la sociedad, al afectar la confianza en las decisiones adoptadas tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, y al comprometer la credibilidad de la administración pública.
