Los alcaldes son elegidos para administrar y rendir cuentas. Por eso, este contrato, por su cuantía, su plazo inicial y los hallazgos documentales que reposan en mi poder, amerita explicaciones públicas y, de ser el caso, el traslado a los organismos de control y a la justicia para que determinen si hubo responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público, pérdida de recursos públicos y detrimento patrimonial.
Así se encuentran los módulos de ventas Jeep, almacenados en bodegas de Empocabal, sin operación visible. Y así sigue la ciudadanía frente a este contrato, con preguntas sin respuesta.
¿Por qué un contrato con plazo inicial de cinco meses, por $3.796 millones, con anticipo del 20% y con presuntos incumplimientos documentados, no ha sido liquidado por el alcalde Paulo Gómez? ¿Qué decisiones administrativas se han adoptado para proteger los recursos públicos y exigir el cumplimiento? ¿Por qué no lleva ese contrato ante la justicia?
¿Por qué no hace efectiva la póliza de incumplimiento? ¿En qué estado están los requerimientos formales al contratista y las actuaciones contractuales?
¿Por qué solo después de que un periodista registrara que los módulos Jeep, por los que el contratista estaría cobrando $379 millones, permanecen almacenados en una bodega, la Alcaldía afirmó que “no se han pagado”? ¿Qué pagos se han realizado exactamente, por qué conceptos, en qué fechas y con qué soportes?
Siendo alcalde Rodrigo Toro, el 5 de julio de 2023 se firmó el Contrato 396 por $3.795 millones con el Consorcio Parques 2024 de Ingeniería y Estudios S.A.S., representado por Iván Alonso Pardo Ávila, cuyo objeto fue la adecuación y amoblamiento del Parque Las Araucarias, Camino Calle Real y la remodelación del Parque Los Fundadores.
El contrato contempló un anticipo del 20% y un plazo inicial de cinco meses. Para la interventoría se suscribió el Contrato 389 con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDUP).
Sin embargo, han transcurrido 31 meses desde su suscripción y persisten situaciones que requieren explicación pública.
¿Saben los santarrosanos cuánto dinero se le ha desembolsado al contratista hasta la fecha? ¿Cuáles han sido los pagos efectuados, en qué fechas y por qué conceptos?
¿Conocen que, según los documentos revisados por este medio, no reposan paz y salvos de aportes parafiscales del ICBF, SENA y Comfamiliar dentro de los soportes contractuales?
¿Saben que no se evidencian certificados RETIE y RETILAP, exigidos para la legalización, puesta en funcionamiento y aceptación de las instalaciones eléctricas y del alumbrado público?
¿Existe certificación de disposición final del material y escombros sobrantes de la obra? De no existir, ¿Cómo se están soportando los valores facturados por ese concepto?
Pero santarrosanos, hay más cosas que no han explicado públicamente:
¿Han observado que en el Parque Las Araucarias, en menos de un año, se presentan fallas visibles en la pintura y acabados?
¿Conocen que la EDUP adelanta una actuación ante la Procuraduría relacionada con una conciliación extrajudicial en la que figura el alcalde Paulo César Gómez Hoyos?
¿Que la EDUP ha requerido formalmente al contratista en varias oportunidades por presuntos incumplimientos, sin que, se haya logrado una solución definitiva?
Contacté al Consorcio en Bogotá y el 4 de febrero me llamó Fredy Bonilla de la firma de abogados Bonilla y Correa Abogados
El 6 de febrero se le trasladaron estas inquietudes y manifestó que la Alcaldía aún adeuda aproximadamente $2.000 millones y que remitiría los soportes para controvertir las observaciones aquí planteadas.
A la fecha de publicación de este artículo, dichos soportes no han sido remitidos.
¿Por qué estas situaciones no se han explicado de manera clara a los santarrosanos tras 31 meses de administración, tanto por el alcalde Paulo Gómez como por el exalcalde Rodrigo Toro?
¿Cuándo se informará públicamente sobre otros contratos de la administración anterior que se proyectaron para ejecutarse en meses y hoy completan años sin culminarse? Y en el proceso LP 462 de 2024, ¿por qué no se advirtió a la ciudadanía que el adjudicatario registra antecedentes de un proceso sancionatorio en la Contraloría? Además, si se presentaron tres empresas, ¿cómo explica la Alcaldía que el representante legal de una de ellas sea también el dueño de la firma que finalmente resultó ganadora del contrato de $2.160 millones, la misma que ganó en 2023 otro contrato por $1.790 millones durante la alcaldía de Toro?
¿Por qué Rodrigo Toro se comprometió a responder estas preguntas y, pese a insistencias formales, no entregó respuesta por este y otros contratos?
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