En cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, en cabeza del Juez Santiago Cuéllar Ramírez, el día 19 de marzo del presente año, se me ha ordenado rectificar y eliminar la información publicada en el medio de comunicación El Expreso los días 4, 15 y 22 de octubre de 2024, sobre el Representante a la Cámara Aníbal Gustavo Hoyos Franco.
La Real Academia Española define “rectificar” como reducir algo a la exactitud que debe tener, manifiesto lo siguiente:
Los contenidos publicados corresponden al ejercicio periodístico sustentado en documentos públicos, específicamente el formulario del Registro Único Tributario – RUT de la DIAN, en el cual, para la fecha de publicación de los artículos, el nombre del Representante Aníbal Hoyos Franco figuraba como miembro de la asociación ASOMUR. Este documento fue uno de los aportados por dicha entidad en procesos contractuales.
En este marco, se me ha solicitado rectificar afirmaciones consideradas inexactas en los
siguientes artículos:
¿Qué pintan un congresista y 8 exalcaldes en un negocio de $1.381 millones con el alcalde
de Pueblo Rico?
Más de $5.000 millones contratados con ASOMUR donde el congresista Aníbal Hoyos y 8
exalcaldes están en la junta directiva.
¿Perderá su curul el representante Aníbal Hoyos por el caso de los contratos de ASOMUR?
Investigando la contratación de ASOMUR, encontré convenios firmados entre 2019 y septiembre de 2024, con la particularidad de que entre los documentos entregados por ASOMUR para los contratos, hallé el FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO – RUT de la DIAN, y aparecía, quien para la fecha de los videos publicados y sujetos de toda esta controversia, fungía como congresista, Aníbal Hoyos Franco, y 8 exalcaldes como SOCIOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, a pesar de que habían terminado como alcaldes el 31 de diciembre de 2019.
Las afirmaciones dadas son opiniones mías, opiniones de Álvaro William López Ossa, amparadas en el derecho a la libertad de prensa y opinar no puede ser tomado como un delito, y menos cuando se trata de una figura publica escogida por elección popular, el congresista Aníbal Hoyos. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué hacen sus congresistas.
Reitero que el contenido tuvo como propósito informar a la ciudadanía sobre situaciones de interés público, de un personaje público. En todo momento se actuó con base en documentos verificables, que procedían de la DIAN, sin atribuir responsabilidad penal o disciplinaria alguna al representante Hoyos.
Dicho lo anterior rectifico que el representante Hoyos fue investigado por la Corte Suprema, pero esta investigación fue archivada. También aclaro que, aunque aparecía como SOCIO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA de ASOMUR en documentos públicos, estos fueron actualizados el 16 de Octubre de 2024 a raíz de mis publicaciones y ya el congresista no aparece como SOCIO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA de ASOMUR.
