Un supuesto contacto de la Regional Occidente de la Sociedad de Activos Especiales SAS, ofrecía una atractiva y amplia lista de 249 bienes incautados a la mafia en Pereira, 26 en Dosquebradas, 12 en Marsella y 4 en La Virginia, es un listado detallado de Locales Comerciales, Depósitos, Bodegas, Oficinas, Apartamentos, Garajes, Casas, Fincas, Casalotes, Edificios y hasta Moteles. Ubicados en todos los estratos y sitios de la ciudad.
Solo era escoger qué le gustaba y ese contacto facilitaba que esos bienes quedaran a un bajo precio en manos del cliente y de dos formas, «facilitando» la adjudicación mediante una falsa subasta o desapareciendo del listado ese bien. Así manejaban las incautaciones en la SAE, que recibió todo desde 2014, pero en el papel y al día de hoy no ha actualizado nada en absoluto, no hay control de cobro, ventas, propiedades, se pierden bienes, arrendamientos, vehículos, dineros, joyas, los depositarios no rinden cuentas y cada año la Contraloría evidenció muchas irregularidades, pero jamás intervino la Fiscalía o Procuraduría y hablamos de miles de millones perdidos. La negligencia no solo es de la SAE, es de los entes de control, que se tapaban la nariz o miraban para otro lado, ante el hedor de este mal proceso, ¿si la Contraloría detectó hallazgos penales, ¿qué pasó con la Fiscalía?
La Procuraduría como siempre llega tarde
El 31 de octubre informa la Procuraduría que abrió indagación previa contra funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales, algo que extraña ya que las auditorías de la Contraloría General de la República desde hace 8 años han detectado graves irregularidades y eran públicas.
Por ejemplo, desde 2014 se sabía que la SAE recibió de la Dirección Nacional de Estupefacientes, un inventario de bienes muebles e inmuebles solo en papel mediante unas actas, violando el mandato legal no entregaron de manera material, real y formal cada uno de los bienes, ahí deben responder María Virginia Torres de Cristancho, gerente general de la SAE y a la DNE, y en seguidilla a cada gerente que ha pasado por la entidad.
La SAE no tenía certeza de los bienes ni mucho menos de los depositarios de dichos bienes, por ejemplo, en 2014 de 193 depositarios de sociedades solo 93 rendían informes de gestión, y de 172 depositarios de establecimientos de comercio solo 25 rindieron informes, incluso la SAE removió depositarios, pero dejó los bienes bajo su administración, o sea no hizo nada.
En visita a bodegas de vehículos, hallaron automotores allí que no figuraban en existencias, en 2014 pago la SAE 3.577 millones de pesos por parqueadero, con la obligación de preservar el buen estado de los vehículos, pero estaban deteriorados y expuestos a chatarrización y el colmo, de 1.543 vehículos entregados a entidades, 1.331 no fueron ubicados.
Del billón de pesos supuestamente entregados por las FARC-EP solo aparecen 43.000 millones.
De arrendamientos no trató de recuperar lo vencido y en otros casos no aparecen esos dineros, a pesar de haber sido pagados.
Existen bienes abandonados en deterioro o que ya se perdieron.
