Parece que al liquidar las EPS el remedio posiblemente es peor que la enfermedad, ya que si activas no pagan, liquidadas menos y al final las consecuencias de estos actos los pagan los pacientes que quedan prácticamente indefensos y los hospitales públicos al borde de la quiebra, ellos tienen la responsabilidad de atender los pacientes y garantizar el derecho fundamental a la salud, pague o no la EPS.
Solo citemos la ESE Hospital San Rafael de Pueblo Rico, cuya gerente Luz Elena Vasquez Valencia debe “hacer milagros” para cumplir los programas de atención a la salud de esta municipio con el lastre de la cartera que encontró y que a pesar de sus esfuerzos no logra recuperar como quisiera. Pero si analizamos los deudores volvemos al punto de partida, 7 EPS le adeudan $997.037.856 y la gobernación del departamento del Chocó $ 233.252.770 y claro debe realizar enormes esfuerzos para pagar nómina y proveedores.
Una cartera de pesadilla
$684 millones con 360 días de mora, pesan para cualquier entidad de salud, y encima la liquidación de más EPS propicia la quiebra de más hospitales.
