Salió la admisión y con eso se le puede caer el presupuesto al alcalde James Padilla y al Concejo de Armenia y el endeudamiento de sus 100 mil millones de pesos y hasta una investigación se pueden ganar ¿Ocultamiento de déficit?
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Un déficit de $14.792 millones fue reconocido en julio de 2025. La demanda sostiene que no fue incorporado al presupuesto 2026 y cuestiona los indicadores que posteriormente sustentaron decisiones de endeudamiento. La justicia ya admitió la demanda y vinculó al Concejo Municipal.
El proceso judicial se suma a las denuncias que desde el inicio ha venido realizando la exgobernadora Sandra Paola Hurtado ante Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. El demandante, el veedor ciudadano Rodrigo Campo, ha obtenido siete acciones populares en defensa de la comunidad.
El presupuesto del municipio de Armenia para la vigencia 2026 quedó formalmente bajo examen judicial, luego de que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia admitiera una demanda de nulidad que cuestiona la forma en que la administración municipal habría incorporado —o dejado de incorporar— un déficit fiscal reconocido por el propio municipio.
La demanda, presentada por el reconocido veedor ciudadano Rodrigo Ocampo, sostiene que existía un déficit de $14.792.934.627,23 en el denominado Recurso Ordinario, situación que, según el demandante, debía reflejarse en los diferentes instrumentos de planeación y programación financiera del municipio.
El proceso cuestiona, entre otros actos, el Acuerdo 355 de 2025, mediante el cual se aprobó el presupuesto de Armenia para 2026; el Decreto 675 de diciembre de 2025, relacionado con su liquidación, y el Acuerdo 363 del 27 de febrero de 2026, mediante el cual se modificó el presupuesto y se incorporaron recursos del balance.
UN RECLAMO QUE YA HABÍA HECHO LA EXGOBERNADORA SANDRA PAOLA HURTADO
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Lo que le da una particular relevancia política y pública al proceso es que la discusión judicial llega después de los reiterados pronunciamientos y denuncias que la exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado ha venido realizando desde el comienzo frente a la situación fiscal del municipio.
Hurtado ha señalado públicamente y ha acudido ante Fiscalía General de la Nación, Procuraduría y Contraloría para poner en conocimiento lo que considera posibles irregularidades relacionadas con el manejo, reconocimiento e incorporación del déficit fiscal de Armenia.
Ahora, el reclamo adquiere una nueva dimensión: un veedor ciudadano lleva la controversia directamente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y un juez ya admitió la demanda.
No se trata, por tanto, de una discusión exclusivamente política. El asunto deberá ser examinado también desde el punto de vista judicial, administrativo, presupuestal y fiscal.
RODRIGO OCAMPO LLEVA EL CASO A LOS TRIBUNALES
El demandante, Rodrigo Campo, es un reconocido veedor ciudadano de Armenia, cuya actuación ha trascendido el escenario local. Según los antecedentes señalados sobre su trayectoria, ha promovido acciones judiciales en defensa de intereses colectivos y ha obtenido siete acciones populares favorables a la comunidad.
Su decisión de demandar el presupuesto convierte el debate sobre el déficit fiscal en una controversia judicial concreta.
La pregunta central que tendrá que resolver el proceso es ¿si la administración municipal cumplió las obligaciones legales y presupuestales que tenía frente a un déficit que, según la demanda, ya había sido reconocido, y si dicho déficit fue debidamente reflejado en los instrumentos financieros que sustentaron el presupuesto de 2026?
¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE EL DÉFICIT?
La demanda sostiene que el déficit reconocido de $14.792 millones no habría sido incorporado, apropiado, descontado o saneado de manera adecuada en los instrumentos presupuestales y financieros correspondientes.
Según la acción judicial, esta situación podría tener efectos sobre el Presupuesto 2026, el Plan Financiero, el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el POAI, el cierre fiscal y los recursos del balance, además de incidir en los indicadores utilizados para determinar la capacidad de endeudamiento del municipio.
Este último punto resulta especialmente sensible porque una de las tesis de la demanda es que, si el déficit no fue incorporado el presupuesto del año 2026 está viciado de nulidad y de allí que todas las actuaciones posteriores incluidas el endeudamiento de 100 mil millones recientemente tramitado también estaría viciado.
La justicia cojea pero llega…
