En manos de los magistrados de la Corte Constitucional está el proyecto de fallo que le quitaría poderes a la Procuraduría General de la Nación, si eso como se ve venir es una realidad, la entidad no podrá sancionar, suspender o inhabilitar a funcionarios elegidos mediante voto popular, y por ejemplo los procesos que en este momento llevan muy avanzados, a gobernadores y alcaldes de Medellín, Cali, Magdalena, Cartagena, Huila, Vichada, Manizales y Pereira, tendrían que entregarlos a Jueces Penales, y ahí sí olvidemos que algo pasará, porque sabemos que estos tienen muchos procesos represados, por lo que estos empezaran al final de la fila, no se resolverán y dormirían en el cajón del olvido.
Pero esto es más grave de los que parece, si se aplica con retroactividad a 1991, que fue cuando la Constitución le encargo investigar y sancionar a funcionarios involucrados en actos de corrupción, miles de sancionados quedarían libres de suspensiones o multas.
Oscar Mauricio Lizcano Arango, actual secretario de la Presidencia de la República, está entre quienes hacen lobby para lograr esta otra forma de «indulto» a corruptos, una entidad paquidérmica que en 2021 nos valió 724 mil millones de pesos, con 4.137 funcionarios y que en 2021 le aprobaron 1.200 funcionarios más. La Procuraduría desde 1994 no ha sancionado seriamente a ningún alcalde o gobernador, que muchas veces vemos anuncios de destituciones y al final salen con simples suspensiones o peor aún, multas que pagan y siguen jugando, es más hasta faltas comprobadas las ignoran y el castigo de los corruptos es subir las escalas a las audiencias, pero la gran mayoría de procesos terminan en archivo o ridículas sanciones.
Con todo el respeto hacia los funcionarios, pero con los antecedentes en Pereira donde vemos como anuncian sanciones hasta de 10 años de suspensión y luego aparece una mísera sanción de 3 meses, o le construyen absoluciones a denunciados como el caso de la exdiputada Vivian López y la forma de perder tiempo con procesos que al final archivan o las tan cacareadas «recomendaciones» y «advertencias» sobre temas claves de la nación, pero de que sancionen en serio eso no se ve. Por eso mi pregunta, ¿es realmente útil esta entidad o es el látigo para amenazar a rivales políticos en las regiones?
