La Procuraduría General de la Nación profirió un fallo de primera instancia mediante el cual sancionó con destitución e inhabilidad general por un término de 8 años a Carlos Julián Caicedo Cano, quien es pareja del expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa. La decisión del Ministerio Público responde a la comprobación de una falta disciplinaria relacionada con la violación del régimen de incompatibilidades en el ejercicio de la función pública.

Según lo establecido en el proceso disciplinario, el sancionado incurrió en una irregularidad al desempeñar de manera simultánea actividades contractuales y laborales en dos entidades del Estado: el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Institución Universitaria Pascual Bravo de Medellín. De acuerdo con los elementos probatorios recaudados por el ente de control, el contratista no podía asumir ambas vinculaciones al mismo tiempo sin vulnerar las disposiciones constitucionales y legales vigentes en Colombia.

Detalles de la contratación en Medellín

En el expediente del caso quedó documentado que Carlos Julián Caicedo suscribió un contrato de prestación de servicios con la Institución Universitaria Pascual Bravo el 23 de enero de 2023. El objeto de dicho acuerdo consistía en “prestar servicios profesionales como contratista independiente, en virtud de su formación y experiencia, para apoyar la articulación de los diferentes equipos de la Secretaría de Desarrollo Económico, en el marco de un contrato interadministrativo celebrado con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín”.

Durante el análisis de la ejecución de este vínculo contractual, la autoridad instructora revisó los informes de supervisión correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2023. En dichos documentos oficiales se dejaron consignadas diversas observaciones relacionadas con el incumplimiento de actividades por parte del contratista, así como la falta de presentación de los informes administrativos y técnicos que exigían sus obligaciones pactadas con la institución educativa.

El Ministerio Público también precisó en su fallo que, si bien el investigado manifestó de manera formal su voluntad de desvincularse del referido contrato el 30 de enero de 2023 —fecha a partir de la cual cesó materialmente el desarrollo de las actividades contractuales que tenía a su cargo—, el vínculo jurídico continuó vigente durante varios meses. Según los registros del expediente, la liquidación definitiva del contrato únicamente se formalizó el 17 de octubre de 2023, momento en el que se llevó a cabo la suscripción del acta correspondiente entre las partes.

La posesión simultánea en el Invías

El eje central de la sanción disciplinaria radica en el cruce de fechas entre la contratación en Antioquia y su ingreso a la planta de personal del Gobierno nacional. La Procuraduría General de la Nación señaló que, respecto a la vinculación de Caicedo con el Instituto Nacional de Vías (Invías), obra dentro del expediente el acto administrativo mediante el cual fue nombrado en el empleo de Asesor Código 1020, Grado 08, cargo adscrito directamente al despacho del Director General de dicha entidad.

De igual manera, el ente disciplinario incorporó al acervo probatorio el acta de posesión fechada el 24 de enero de 2023, exactamente un día después de haber firmado su compromiso contractual con la Institución Universitaria Pascual Bravo. Para el Ministerio Público, al tomar posesión oficial de este cargo público, el investigado quedó de inmediato sujeto al régimen constitucional y legal de incompatibilidades previsto para todos los ciudadanos que desempeñan funciones públicas en el territorio nacional.

La incompatibilidad se configuró de manera objetiva debido a que, al momento de asumir como asesor en el Invías el 24 de enero, se encontraba plenamente vigente el contrato suscrito el día anterior en Medellín. Esta superposición de vínculos con el Estado contravino las normas que prohíben a los servidores públicos celebrar o mantener contratos estatales simultáneos que generen conflictos de intereses o vulneren los principios de moralidad y transparencia administrativa.

Alcance de la decisión y antecedentes del entorno

La Procuraduría General de la Nación aclaró expresamente que la determinación adoptada corresponde a un fallo de primera instancia, razón por la cual contra esta providencia procede el recurso de apelación ante la instancia superior correspondiente dentro del mismo organismo de control. Mientras se surten las etapas procesales que pueda interponer la defensa de Caicedo Cano, la sanción de destitución e inhabilidad por ocho años queda sujeta a la revisión definitiva.

Esta decisión disciplinaria se conoce en medio de un contexto en el que el nombre de su pareja, el expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa, también ha sido objeto de actuaciones por parte de autoridades nacionales e internacionales. Entre los antecedentes registrados en el ámbito judicial y diplomático reciente figura el llamado a juicio que realizó la Fiscalía General de la Nación contra Roa por presuntamente haber utilizado su cargo en la compra de un apartamento, así como la decisión del gobierno de Estados Unidos de retirar las visas tanto al exdirectivo de la petrolera como a excongresistas vinculados al caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Por ahora, el proceso disciplinario contra Carlos Julián Caicedo continúa su curso administrativo conforme a los términos establecidos en el Código General Disciplinario, a la espera de que se resuelva si la defensa hace uso de los mecanismos legales de impugnación frente a la determinación de primera instancia emitida por el ente de control.

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