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El debate sobre el futuro de la infraestructura vial en el Eje Cafetero ha vuelto al centro de la discusión pública tras la reactivación de la iniciativa privada IP Conexión Centro, un proyecto destinado a complementar la huella de Autopistas del Café para conectar a Buenaventura y el sur del país con el centro. Mientras desde el sector empresarial —incluyendo las vocerías del Grupo Argos, Odinsa y la gerencia de Autopistas del Café, en cabeza de Mauricio Vega— se defiende el proyecto bajo el argumento de que no requiere recursos del presupuesto nacional y que su rechazo previo respondió a posturas ideológicas, la líder ciudadana Lina María Arango plantea una crítica contundente que desnuda el verdadero modelo financiero detrás de estas concesiones y el impacto directo sobre los ciudadanos de la región.

El primer punto de quiebre señalado por Arango radica en la narrativa de la «inversión privada». Según expone la líder ciudadana, afirmar que el Estado no aporta un solo peso y que el capital proviene íntegramente del sector privado oculta una realidad fundamental: el proyecto se financia mediante endeudamiento bancario cuyo respaldo y pago provienen directamente del recaudo de los peajes proyectados a 30 años. En ese sentido, cuestiona la legitimidad de presentar como inversión propia un modelo en el que es el usuario diario de las vías quien termina costeando la obra, más aún cuando se trata de casetas de cobro que ni siquiera están ubicadas en el tramo donde se construirá la nueva doble calzada.

Asimismo, Arango rebate el argumento de que la oposición a este esquema obedezca a un sesgo ideológico. Para la líder social, el rechazo a una concesión que mantiene cinco peajes en un radio de apenas 20 kilómetros a la redonda no es un asunto de ideología, sino de pura lógica y justicia territorial. Su intervención pone el dedo en la llaga sobre la ausencia de participación ciudadana y de escucha real a las comunidades antes de estructurar el proyecto, señalando una desconexión entre la planeación técnica de las concesiones y el desgaste económico que sufre la población del Eje Cafetero por lo que califica como un sistema de cobro abusivo.

Finalmente, la postura de Lina María Arango advierte sobre los riesgos latentes que enfrenta la ejecución de IP Conexión Centro si se avanza sin legitimidad social. Más allá de la viabilidad financiera en el papel, existen riesgos reales de conflicto social y de caída en el recaudo que, por disposición legal, terminan siendo asumidos por el Estado a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) una vez firmado el contrato. La discusión queda abierta: el desarrollo de la conectividad nacional no puede edificarse de espaldas a quienes transitan y financian las vías, ni trasladando a una misma región el costo desproporcionado de una infraestructura que beneficia a todo el país.

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