Bogotá, 19 de noviembre de 2026. Colombia vive este jueves una nueva jornada de movilizaciones en el marco del paro nacional convocado por centrales obreras, sindicatos del magisterio, organizaciones sociales y sectores políticos de oposición. Las concentraciones, marchas y plantones tienen lugar en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Popayán y Pasto, generando importantes ajustes en la movilidad urbana y en corredores estratégicos como la vía Panamericana. El eje central de la convocatoria radica en el rechazo ciudadano y sindical al proyecto de Ley de Rescate Económico, una iniciativa de reforma tributaria impulsada por el Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella que actualmente se discute en el Congreso de la República.

De acuerdo con los pronunciamientos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), principal promotora de la jornada, la iniciativa gubernamental pretende realizar un ajuste fiscal equivalente al 4,7 % del Producto Interno Bruto hacia el año 2030 para contener el déficit y el crecimiento de la deuda pública. No obstante, las organizaciones laborales advierten que la carga de esta reestructuración recaería de manera desproporcionada sobre los hogares y la clase trabajadora. Según los cálculos divulgados por la central sindical, el 75,32 % del ajuste propuesto provendría de mayores recaudos tributarios y contribuciones, mientras que apenas el 24,68 % correspondería a recortes en el funcionamiento estatal. Aunque durante el trámite legislativo se hundió la propuesta inicial de gravar con el impuesto al valor agregado la canasta familiar, los convocantes sostienen que el articulado mantiene disposiciones críticas que afectan el poder adquisitivo.

Impacto tributario, laboral y defensa del patrimonio estatal

Uno de los puntos que mayor resistencia genera entre los manifestantes es la ampliación de la base gravable del impuesto de renta para personas naturales. Los sindicatos alertan que el proyecto reduciría el umbral anual de ingresos sujetos a este tributo de 57,1 millones de pesos a 37,7 millones de pesos, lo que obligaría a tributar a trabajadores que devengan poco más de un salario mínimo. A esto se suma la extensión del IVA a actividades culturales, deportivas, recreativas y entradas a cine, así como un eventual incremento en los aportes a salud asumidos por empleados públicos y docentes, mientras se plantean reducciones graduales en la tarifa de renta corporativa y beneficios fiscales por hasta dieciséis años para grandes capitales e inversiones extranjeras.

Paralelamente, los gremios participantes han puesto el foco en la protección de los activos de la nación y la estabilidad laboral en el sector público. Las organizaciones sindicales advierten que la Ley de Rescate Económico abriría la puerta a procesos de enajenación o privatización de compañías estratégicas como Ecopetrol, Cenit y el Grupo Bicentenario, además de contemplar la fusión o supresión de entidades estatales que, según sus estimaciones, pondría en riesgo cerca de 700.000 puestos de trabajo. Frente a este panorama, el expresidente Gustavo Petro y dirigentes del Pacto Histórico, entre ellos el senador Iván Cepeda y los exministros Daniel Rojas y Carolina Corcho, respaldaron públicamente el llamado a las calles. Petro argumentó que el encarecimiento de los alimentos y la caída de los salarios reales exigen una respuesta ciudadana pacífica en las plazas públicas.

Educación pública, derechos sociales y decreto de protesta

A las reivindicaciones estrictamente económicas se suman las exigencias de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), que mediante su Circular 73 convocó al magisterio nacional a cesar actividades y sumarse a las marchas. Los docentes reclaman mayores garantías para la financiación de la educación pública, mejoras en la prestación de su sistema de salud y el cumplimiento de acuerdos laborales previos. Asimismo, el gremio educativo y sectores estudiantiles exigen la asignación efectiva de recursos para reparar y reconstruir las escuelas afectadas por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto de 2026, además de cuestionar reducciones presupuestales superiores a los 380.000 millones de pesos en inversión educativa.

Por otra parte, la movilización agrupa a movimientos indígenas, comunidades afrodescendientes, organizaciones feministas, colectivos Lgtbiq+ y trabajadores de la Rama Judicial. Estos sectores expresan su inconformidad frente al decreto expedido por el Ejecutivo que modifica los protocolos de intervención policial durante las manifestaciones públicas. Según los convocantes y diversos analistas, la normativa amplía el margen de actuación de la fuerza pública y podría limitar el derecho fundamental a la protesta social. A estas demandas se añaden peticiones por la autonomía territorial, la consulta previa, el respaldo institucional a la Jurisdicción Especial para la Paz y el fortalecimiento de la planta de personal en los despachos judiciales de la capital.

Desarrollo de la jornada y postura oficial

Desde primeras horas de la mañana se reportaron concentraciones en puntos neurálgicos de Bogotá como el Parque Nacional, la autopista Sur, la avenida Primero de Mayo y la Universidad Pedagógica Nacional, con destino hacia la Plaza de Bolívar. Las autoridades distritales informaron sobre desvíos en el sistema TransMilenio y afectaciones para decenas de miles de usuarios, mientras que en el departamento del Cauca la fuerza pública intervino para restablecer el tránsito en la vía Panamericana tras bloqueos intermitentes. Entretanto, algunos sindicatos como Utipec se desmarcaron de la convocatoria, señalando que las marchas no representan la totalidad del movimiento laboral.

Desde la Casa de Nariño, el presidente Abelardo De la Espriella instaló un Puesto de Mando Unificado para monitorear el orden público en todo el territorio nacional y cuestionó los argumentos de los promotores de la protesta, asegurando que buscan movilizarse por problemáticas heredadas de la administración anterior. Por su parte, la Defensoría del Pueblo reiteró su llamado a garantizar el carácter pacífico de las marchas, mientras que la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta preventiva recomendando a sus ciudadanos evitar las zonas de concentración.

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