El Consejo de Estado emitió un fallo en el que amparó los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, y de la propia Registraduría Nacional del Estado Civil. La decisión se tomó tras determinar que dichas garantías fueron vulneradas por las declaraciones y publicaciones realizadas por el expresidente Gustavo Petro acerca de un supuesto fraude electoral.
Órganos de control y el contexto de las acusaciones
La alta corte concluyó que los señalamientos del exmandatario se emitieron sin que existiera una comprobación real de que Hernán Penagos tuviera responsabilidad alguna en un fraude electoral u otra conducta delictiva. El tribunal precisó que el simple hecho de que estas afirmaciones hayan derivado en una denuncia penal contra el registrador no comprueba la ocurrencia de los hechos señalados ni afecta en modo alguno su presunción de inocencia.
Asimismo, la sala recordó que las declaraciones de Petro no solo se limitaron a su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter), sino que también incluyeron intervenciones oficiales, como la manifestación realizada durante un consejo de ministros.
Retiro de publicaciones y plazos establecidos
Derivado de este análisis jurídico, el Consejo de Estado ordenó al expresidente Gustavo Petro cumplir con las siguientes medidas específicas en un plazo determinado:
- Eliminación de contenidos digitales: Deberá retirar, en un plazo máximo de cinco días contados a partir de la notificación del fallo, un total de 12 publicaciones realizadas en su cuenta de la red social X.
- Retiro en otras plataformas: La orden de supresión se extiende a cualquier otro medio de comunicación o plataforma digital que se encuentre bajo la administración directa del exjefe de Estado donde se hayan replicado los mismos señalamientos sobre las elecciones y la actuación del registrador.
Restricciones futuras y salvaguardas institucionales
Con el propósito de evitar la repetición de estas conductas y proteger la institucionalidad electoral, la providencia judicial impuso directrices estrictas sobre futuras declaraciones públicas.
Por un lado, se le solicitó al exmandatario abstenerse por completo de atribuirle al registrador nacional la comisión de delitos o fraudes electorales que no cuenten con el respaldo de una decisión judicial debidamente ejecutoriada. Por otro lado, la determinación judicial estipula que tampoco podrá señalar a la Registraduría Nacional como responsable de facilitar, organizar o participar en un fraude mientras dicha conclusión no provenga de un fallo en firme emitido por una autoridad competente.


