La Fiscalía General de la Nación confirmó este miércoles la captura y el posterior envío a establecimiento carcelario de la jueza identificada como Myriam Alcira Martínez, tras ser señalada de conceder un hábeas corpus irregular que permitió la liberación de un ciudadano neerlandés requerido en extradición por presuntos vínculos con el narcotráfico. La decisión judicial, emitida originalmente cuando la funcionaria ejercía labores como jueza de control de garantías en Bogotá, desató una profunda controversia institucional que escaló rápidamente al plano diplomático, motivando intensas gestiones entre Colombia y Países Bajos para lograr la reversión de dicha medida.
Detenciones conexas e imputación de cargos por parte de la Fiscalía
Las indagaciones adelantadas por el ente investigador no se limitaron a la figura de la funcionaria, pues el operativo ejecutado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) también cobró la captura de un funcionario del Centro de Servicios Judiciales y de una abogada, quienes presuntamente habrían participado en la red de corrupción judicial. La Fiscalía prevé imputar formalmente a la togada los delitos de cohecho propio, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción, debido a las evidentes anomalías detectadas en los trámites que facilitaron la salida de prisión del ciudadano extranjero.
El extranjero beneficiado con la cuestionada decisión fue identificado como Jozef Marcus Hendricka Van der Voort, quien figuraba en los registros internacionales por enfrentar requerimientos judiciales de su país de origen asociados al tráfico de drogas. No obstante, el andamiaje jurídico montado a su favor comenzó a derrumbarse el pasado 19 de septiembre, fecha en la cual el juez 43 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá revocó el fallo de la jueza Martínez y ordenó que el ciudadano holandés permaneciera bajo estrictas medidas de aseguramiento preventivo mientras la Corte Suprema de Justicia evaluaba formalmente su expediente de extradición.
Al respecto, el despacho de conocimiento indicó de manera categórica que, tras verificar las circunstancias que rodearon la supuesta acción constitucional, se concluyó que no existía ningún sustento legal que probara una privación ilegal de la libertad ni una prolongación indebida de la misma, por lo que los presupuestos exigidos para conceder el recurso brillaban por su ausencia.
Antecedentes disciplinarios y escrutinio sobre la Rama Judicial
La trayectoria judicial de la funcionaria ya acumulaba cuestionamientos y revisiones previas por parte de los órganos de control en el país. Entre sus antecedentes figura una vigilancia administrativa que abrió en su momento el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, originada tras otorgar la libertad al líder camionero Pedro Aguilar en el año 2018, un trámite polémico que se gestionó a partir de una solicitud interpuesta por un impostor que se hizo pasar ante el despacho como un fiscal delegado. Dicho escrutinio institucional buscaba esclarecer si la jueza había actuado bajo engaño o si, por el contrario, existieron acuerdos soterrados que comprometieran su independencia funcional.
A esta indagación se sumaba otra decisión adoptada en noviembre de 2017, en la cual la funcionaria ordenó la libertad de un funcionario de tránsito del municipio de Aguachica, Cesar, quien se encontraba bajo investigación formal por presuntos hechos de corrupción administrativa. Las autoridades competentes y los jueces de control de garantías continuarán liderando las audiencias preliminares para definir con precisión la situación jurídica de cada uno de los implicados, consolidando las pruebas necesarias para determinar las responsabilidades penales individuales y asegurar que los operadores de justicia respondan ante la ley por la instrumentalización del sistema legal.
