En un fallo emitido este miércoles, el juez 24 de Familia de Bogotá, César Enrique Osorio Ortiz, ordenó al Ministerio de las Culturas y al Museo Nacional de Colombia la restitución inmediata de 63 piezas de arte y objetos históricos que fueron retiradas de sus salas el pasado 15 de octubre. La decisión judicial responde a una acción de tutela interpuesta por el congresista Gabriel Becerra.
La resolución judicial concede un plazo perentorio de 48 horas para que las entidades estatales reinstalen la totalidad de los elementos en los espacios originales donde se encontraban exhibidos. Asimismo, el despacho judicial exige a las instituciones abstenerse de remover futuras obras bajo pretextos vinculados con su contenido ideológico o político.
Antecedentes de la controversia cultural
La polémica se desató a raíz de una directriz gubernamental orientada a retirar de la muestra pública diversas piezas asociadas a reivindicaciones de movimientos feministas, colectivos LGBTI, memorias de la violencia política y el acuerdo de paz de 2016. Esta medida se encontraba institucionalmente enmarcada en la denominada “contrarrevolución cultural”.
Entre los elementos afectados por la decisión oficial figuraban símbolos como una bandera del orgullo de activistas sociales, afiches alusivos a campañas políticas históricas y el emblemático bolígrafo utilizado para la firma de los acuerdos de paz. El retiro de estas piezas generó tensiones sociales y protestas en las inmediaciones del recinto cultural que culminaron en disturbios.
Reacciones institucionales y sociales
Mientras sectores de la oposición y defensores de derechos humanos celebraron la decisión judicial al considerarla un triunfo para la pluralidad de la memoria histórica, desde el Gobierno se habían defendido las acciones previas. La ministra de Cultura, Paola Holguín, había argumentado que los espacios públicos estatales deben preservar la neutralidad institucional frente al debate político.
Con este fallo, el poder judicial subraya que la protección de la pluralidad cultural y el respeto a la memoria histórica en los recintos públicos deben desarrollarse de manera estricta en consonancia con el marco constitucional y el ordenamiento jurídico vigente.
