En un reciente debate de control político llevado a cabo en la Comisión Segunda del Senado de la República, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos Puerta, encendió el panorama político nacional al anunciar que interpondrá denuncias formales ante la justicia. Según lo expuesto por el funcionario, un grupo de 48 mujeres habría sido presuntamente instrumentalizado mediante contratos de prestación de servicios (OPS) durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.
Durante su intervención legislativa, el titular del Dapre sostuvo que los vínculos contractuales habrían sido utilizados bajo esquemas de coacción para fines particulares en la sede de gobierno. “Las amarraban y las instrumentalizaban para poder estar con el expresidente Gustavo Petro”, aseveró el funcionario ante el Congreso, agregando que algunas de las ciudadanas involucradas ya habrían sostenido conversaciones preliminares con integrantes de la entidad para relatar sus experiencias.
Cuestionamientos sobre el uso de la Casa de Nariño
Además de referirse a las órdenes de prestación de servicios, el director del Dapre profundizó en sus críticas sobre cómo se administraron las instalaciones oficiales durante el mandato anterior. El servidor público aseguró ante los congresistas que se buscará demostrar ante las autoridades competentes que la infraestructura gubernamental fue presuntamente configurada para actividades ajenas a las labores institucionales de gobernanza.
“Vamos a demostrar al pueblo colombiano cómo, lamentablemente, la Casa de Nariño fue armada, organizada y confeccionada para otra cosa diferente a gobernar, sino para parrandear todos los días”, puntualizó Ríos Puerta durante el debate. Adicionalmente, el funcionario relacionó estos señalamientos con revisiones financieras previas y cuestionamientos sobre la ejecución de recursos públicos en contratos de la administración saliente, solicitando el rigor de los entes de control para esclarecer el manejo presupuestal.
Próximos pasos procesales y postura institucional
Hasta el cierre de esta sesión legislativa, el director del Dapre no reveló públicamente las identidades de las mujeres mencionadas ni hizo entrega oficial del material probatorio detallado ante los medios de comunicación, reservando dichos elementos para formalizar las acciones penales correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación en los próximos días.
Por su parte, analistas jurídicos y sectores políticos han recordado que estas declaraciones constituyen anuncios de carácter administrativo e investigativo, por lo que no representan una sentencia judicial definitiva. Corresponderá ahora a los organismos de investigación penal y disciplinaria evaluar los testimonios, examinar los soportes documentales de las contrataciones y determinar si existen méritos suficientes para abrir formalmente un proceso que delimite responsabilidades legales.
