Un nuevo y trascendental capítulo judicial se abre en torno al entramado de corrupción que salpica a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La sala de juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia ha dado un paso definitivo al avanzar hacia el juicio formal y definir la totalidad de las pruebas que se practicarán dentro del proceso penal que se adelanta en contra de seis congresistas de la República, acusados de estar presuntamente involucrados en el direccionamiento irregular de contratos estatales por una suma que supera los 92.000 millones de pesos.
La decisión quedó plasmada en un extenso auto interlocutorio de 667 páginas, expedido y firmado por la magistrada ponente Paula Ramírez. En dicho documento se establece la ruta probatoria que regirá las siguientes etapas procesales y se convoca formalmente a las partes implicadas a la instalación de la audiencia preparatoria del juicio. Según lo estipulado por el alto tribunal, la diligencia está programada para instalarse el próximo martes 20 de octubre a las 8:00 a. m., momento en el cual se debatirán en detalle las evidencias solicitadas por la Fiscalía, las defensas y las decretadas de oficio por la propia magistratura.
Los parlamentarios vinculados formalmente a esta causa penal son Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz. Todos ellos han sido llamados a responder ante la justicia por la presunta comisión del delito de cohecho impropio. La tesis central de la acusación sostiene que los procesados “probablemente aceptaron promesa remuneratoria ofrecida por agentes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a cambio de realizar actos propios de sus funciones”. Específicamente, los legisladores habrían acordado dar su respaldo político a diversas operaciones de crédito promovidas por el anterior Ejecutivo a cambio de recibir beneficios en la asignación de convenios de obra pública e inversión regional.
Las reuniones del Ministerio de Hacienda y los proyectos bajo sospecha
De acuerdo con las indagaciones adelantadas por los investigadores y los cimientos del escrito de acusación, el presunto pacto ilícito se habría gestado y concretado de manera presencial durante los días 5 y 6 de diciembre de 2023 en las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En esas reuniones institucionales, según la hipótesis que maneja la Corte Suprema, se habrían negociado y canalizado millonarias partidas presupuestales a través del mecanismo de la UNGRD con el objetivo de asegurar los votos y avales parlamentarios que la administración requería con urgencia.
La distribución de estos recursos de emergencia, disfrazados bajo el esquema de atención a desastres y obras de infraestructura regional, abarcó circunscripciones territoriales estratégicas. Entre los proyectos que quedaron bajo la lupa de la justicia e integran el expediente se destacan asignaciones por 46.000 millones de pesos para el municipio de Cotorra, en el departamento de Córdoba; 35.000 millones de pesos destinados a la población de Saravena, en Arauca; y 12.000 millones de pesos dirigidos al municipio de El Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar. Estas sumas constituían el núcleo del presunto intercambio de favores entre el poder Ejecutivo y los integrantes del cuerpo legislativo.
Para esclarecer cómo se estructuraron estas transacciones presupuestales, la magistrada Ramírez decretó de oficio una serie de testimonios de alto nivel del entorno político y directivo del Estado. La Corte citó a rendir su versión en el juicio a figuras prominentes como el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Carlos Ramón González Merchán; el expresidente del Senado de la República, Iván Name Vásquez; y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas. De igual forma, el despacho ordenó las ampliaciones de testimonio de otros actores clave en la filigrana institucional, entre los que figuran Jaime Ramírez Cobo, José Roberto Acosta Ramos, Óscar Mauricio Lizcano Arango y Óscar Enrique Cárdenas Angulo.
Peritajes financieros y desestimación de recursos defensivos
Además del voluminoso material testimonial, el alto tribunal de la jurisdicción ordinaria ordenó la práctica de un minucioso peritaje técnico-financiero. Esta prueba pericial tiene como propósito fundamental determinar de forma precisa si los hechos investigados y la consecuente ejecución de las partidas presupuestales generaron un perjuicio patrimonial real al Estado y, en caso afirmativo, establecer la cuantía exacta de dicho detrimento público. Asimismo, el auto judicial dispuso la actualización inmediata de las hojas de vida y antecedentes penales de los seis parlamentarios acusados.
Durante la fase de sustanciación probatoria, el despacho de la magistrada ponente evaluó múltiples peticiones elevadas por los abogados defensores de los procesados, quienes buscaban decretar la nulidad de lo actuado, la preclusión del caso o la terminación anticipada del proceso penal. No obstante, la Corte rechazó de manera categórica todas las solicitudes de la defensa que pretendían invalidar las actuaciones judiciales desarrolladas por los organismos de investigación o dar un cierre prematuro a la investigación.
Con el rechazo de los recursos defensivos y la firmeza del auto de pruebas, la causa penal ingresa de lleno en su etapa medular. El desarrollo de la audiencia preparatoria el próximo martes marcará el filtro definitivo de las evidencias que se ventilarán públicamente en el juicio oral, un escenario procesal donde se determinará la responsabilidad penal individual de los seis congresistas salpicados por uno de los escándalos de corrupción pública más severos de la historia reciente del país.
