En una alocución oficial pronunciada desde un buque de la Armada Nacional en aguas del Caribe, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, presentó un conjunto de decisiones estratégicas dirigidas a redefinir la política marítima colombiana y consolidar la presencia del Estado en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Durante el pronunciamiento, se recalcó que el país debe dejar de gobernarse únicamente desde la cordillera y dar la cara a su territorio costero e insular.
El mandatario enfatizó que la nación ejerce soberanía plena sobre todas las islas, cayos y espacios marítimos de la región, en estricto apego al artículo 101 de la Constitución Nacional, el Tratado de 1928 y los fallos de la Corte Internacional de Justicia. De acuerdo con lo manifestado, cada isla del archipiélago genera su respectivo mar territorial de 12 millas, espacio aéreo, lecho, subsuelo y zona contigua, ámbitos donde no se permite la pesca, exploración ni investigación científica sin el previo consentimiento y permiso de las autoridades colombianas. Asimismo, se advirtió que el Estado mantendrá una postura firme frente a la piratería y los actos delictivos que afectan a los pescadores artesanales, asegurando la intervención de la fuerza pública dentro del marco del Estado de derecho.
Saldado de una deuda histórica y delimitación cartográfica
Uno de los anuncios centrales de la locución fue el cumplimiento de un compromiso legal pendiente desde hace casi medio siglo. Se recordó que el 4 de agosto de 1978, la Ley 10 ordenó la trazabilidad de las líneas de base del archipiélago. Aunque en 1984 se fijaron las correspondientes al territorio continental, la delimitación de las áreas insulares permaneció desatendida durante 48 años.
Para subsanar este rezago, la Presidencia dispuso que el próximo 30 de noviembre, coincidiendo con la celebración del aniversario de San Andrés, se firmará y expedirá formalmente el decreto de líneas de base del archipiélago. Esta norma permitirá publicar oficial y técnicamente las cartas náuticas de Colombia con coordenadas precisas, incorporando de manera definitiva la geografía arrecifal conforme a las exigencias del derecho internacional. La medida busca cartografiar y proteger formalmente territorios como Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Roncador, Quitasueño, Alburquerque y las islas del este y sudeste, los cuales han enarbolado la bandera colombiana por más de dos siglos.
Transformación en hub marítimo y garantías para la comunidad raizal
El proyecto de integración marítima incluye la meta de transformar a San Andrés en un hub marítimo y logístico de referencia en el Caribe occidental. Con este fin, el Gobierno instruyó agilizar el reglamento del Registro Único Colombiano de Naves y Artefactos Navales, además de estructurar un procedimiento especial y simplificado para embarcaciones de recreo que adopten a la isla como su puerto de registro. La iniciativa contempla trámites electrónicos expeditos desde cualquier capitanía de puerto, buscando incentivar el abanderamiento de naves extranjeras bajo el pabellón nacional. Se proyecta que el incremento de registros impulsará la actividad portuaria, el turismo náutico, la contratación de tripulaciones locales, el mantenimiento naval y la generación de empleo.
En el ámbito normativo y técnico, la Dirección General Marítima (Dimar) asumirá un rol más amplio en la supervisión de las operaciones náuticas. La estrategia económica e institucional se enfocará también en optimizar la infraestructura portuaria, fortalecer la marina mercante y abrir nuevas rutas de conexión comercial. Paralelamente, se articularán mecanismos de cooperación bilateral con naciones vecinas para atender labores de búsqueda y salvamento, protección del ecosistema de corales y lucha coordinada contra la delincuencia transnacional.
Finalmente, el Ejecutivo subrayó que la comunidad raizal participará en este proceso de desarrollo económico y social. La política estatal prevé priorizar el acceso de los pescadores artesanales raizales a los bancos históricos de pesca, prohibiendo el ingreso de pesca ilegal por los muelles locales. Todas las obras de infraestructura y navegación deberán realizarse en estricta armonía con la preservación ambiental de la Reserva de Biósfera Seaflower, asegurando el orden social, la seguridad jurídica y la sostenibilidad ecológica integral del territorio insular.
