La Fiscalía General de la Nación iniciará el trámite para ampliar la imputación de cargos contra Sheynner José Rojas Lárez, quien figura como el principal sospechoso en la investigación por el homicidio de Ana Lucía González Mendoza, una menor de nueve años de edad cuyo cuerpo sin vida fue localizado en una estructura de alcantarillado en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.
De acuerdo con la información entregada por la representación legal de la familia de la víctima, los análisis médico-legales ejecutados por los peritos especializados arrojaron elementos materiales probatorios que respaldan la hipótesis de una agresión de carácter sexual previa al deceso. El abogado de la familia, Daniel Solarte, confirmó que los resultados forenses ratifican la existencia de indicios de violencia física y sexual. «La hipótesis que al parecer y lamentablemente se confirma de los exámenes realizados en la humanidad de la menor es el de acceso carnal violento», sostuvo el jurista al referirse a los dictámenes periciales incorporados al expediente.
Inicialmente, Rojas Lárez había sido procesado e imputado por los delitos de feminicidio y actos sexuales abusivos con menor de 14 años. Con la adición de los nuevos reportes técnicos al caso, el ente investigador procederá a solicitar formalmente la audiencia de adición de cargos para incluir la conducta punible de acceso carnal violento. Asimismo, las pesquisas adelantadas hasta la fecha por las autoridades judiciales habrían permitido descartar la participación de terceros en el crimen, situando al imputado como el único presunto responsable directo de los hechos investigados.
Denuncias por intromisión e intimidaciones desde el centro carcelario
En el desarrollo de las actuaciones judiciales, la defensa de las víctimas elevó una denuncia pública e institucional vinculada con la conducta del procesado desde su lugar de reclusión. Según lo expuesto por la representación legal, Rojas Lárez habría logrado entablar comunicaciones no autorizadas desde la Cárcel de Máxima y Mediana Seguridad de Cómbita, en el departamento de Boyacá, dirigiéndose hacia su expareja sentimental, quien es hermana mayor de la menor fallecida.
El abogado Daniel Solarte precisó que las llamadas e interacciones tenían como finalidad ejercer presión sobre la testigo para inducir una alteración en sus declaraciones oficiales. «El señor Sheynner Rojas se encuentra en la cárcel de Cómbita, desde la cual se ha podido comunicar con mi representada, amenazándola y constriñéndola para cambiar su versión», aseveró el apoderado judicial. En el mismo sentido, se señaló que el imputado habría intentado descalificar la labor de la defensa técnica ante los allegados de la víctima.
Frente a esta situación, la representación legal instauró una petición formal ante el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). La solicitud busca que se evalúe el traslado del privado de la libertad a un pabellón o establecimiento con un régimen de mayor aislamiento y control de comunicaciones, o en su defecto, que se adopten medidas estrictas para prevenir cualquier tipo de contacto o injerencia hacia el entorno familiar de Ana Lucía González.
Antecedentes de la desaparición y reconstrucción de los hechos
Los hechos que originaron el proceso penal se remontan al 14 de septiembre de 2026, fecha en la que se reportó la desaparición de Ana Lucía González Mendoza. La menor había arribado recientemente a la capital colombiana junto a su grupo familiar procedente de Venezuela. Tras varios días de búsqueda, el 15 de septiembre de 2026, efectivos del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hallaron el cadáver de la niña en el interior de una alcantarilla ubicada en el barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar.
Las investigaciones iniciales se enfocaron en el círculo cercano de la menor a partir del testimonio prestado por Rusmery González, hermana de la víctima. La mujer indicó que Shenner José Rojas Lárez, con quien había sostenido una relación sentimental que concluyó semanas atrás, fue la última persona vista en compañía de la niña. Grabaciones de cámaras de seguridad del sector habrían registrado los desplazamientos del hombre junto a la menor el día de su desaparición. Con base en estos elementos, las autoridades efectuaron la captura del sospechoso el 16 de septiembre de 2026.
Según la reconstrucción consignada en el proceso, la jornada de la desaparición se presentó una fuerte discusión entre la pareja por motivos de celos, durante la cual el agresor habría causado daños materiales e incautado documentos y teléfonos de la familia. Ante la alteración del orden, la hermana de la menor salió del inmueble para buscar asistencia policial y le indicó a Ana Lucía que caminara hacia un establecimiento cercano para pedir auxilio. La principal hipótesis que maneja la familia sugiere que la agresión contra la niña pudo responder a una acción de represalia derivada de la ruptura sentimental. El proceso penal continúa su curso a la espera de las próximas diligencias judiciales.
