Por: Luis Alberto Vargas Ballén
Con el mayor respeto y comedimiento, es preciso hacer un llamado urgente a la responsabilidad de quienes administran lo público. Existe una palabra clave que define esta exigencia: respondabilidad (o accountability). Se escribe con d y no con s, porque alude directamente a la habilidad y la obligación ineludible que tiene toda persona o institución de responder por sus actos y rendir cuentas transparentes ante la sociedad.
Exigir cuentas no puede ser interpretado jamás como un acto de disrespecto o confrontación destemplada. Por el contrario, la ciudadanía parte de la premisa de confiar en que las instituciones administran los recursos de manera adecuada. Sin embargo, ante el clamor y la angustia de miles de familias que llevan más de dos meses a la intemperie, enfrentando inclemencias extremas del clima —desde calores sofocantes hasta lluvias torrenciales— y viviendo en las peores condiciones imaginables, la transparencia deja de ser una opción y se convierte en un imperativo ético.
Estas familias merecen y necesitan saber con claridad qué está pasando con los fondos destinados a su recuperación. Reportes periodísticos señalan que se habrían acopiado cerca de 7 billones de pesos entre donaciones nacionales e internacionales, créditos del Banco Mundial y alrededor de 624.000 millones de pesos del tesoro nacional. ¿Dónde están esos recursos públicos y los administrados por fundaciones? ¿Cómo y cuándo se van a invertir para la reconstrucción del occidente colombiano?
Debido a la falta de respuestas claras a estas peticiones, se ha tenido que interponer una acción de tutela contra el Ministerio de Hacienda. Conocer el destino final y el estado de la ejecución de cada peso es un derecho ciudadano. Este llamado no busca señalar de forma destructiva, sino invocar los principios fundamentales de la probidad, la transparencia y la rendición de cuentas que toda democracia sana exige.
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