El 9 de octubre de 2026, las inmediaciones de la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bogotá se convirtieron en el centro de la atención pública tras la realización de una manifestación ciudadana en apoyo a la justicia transicional. En el marco de esta jornada, el presidente del tribunal, el magistrado Alejandro Ramelli, ofreció una intervención pública dirigida a los asistentes, abriendo un intenso debate nacional sobre el presupuesto de la entidad, los límites del ejercicio judicial y la rendición de cuentas del sistema de paz.
El pronunciamiento se dio en medio de las discusiones legislativas sobre la asignación presupuestal del Estado, donde se han planteado iniciativas orientadas a reducir los fondos del organismo judicial para redirigirlos a otras áreas del sistema de justicia.
La defensa de la institucionalidad y los reparos al recorte presupuestal
Durante su discurso ante la multitud congregada en la capital, el magistrado Alejandro Ramelli abordó las propuestas debatidas en el Congreso de la República que sugieren trasladar cerca de 100 mil millones de pesos del presupuesto de la JEP hacia la jurisdicción ordinaria. Frente a este escenario, la cabeza del tribunal enfatizó la determinación de la entidad de continuar con sus funciones constitucionales, sosteniendo que la institución no se dejará amedrentar ni va a desfallecer ante los retos económicos o presiones políticas.
Asimismo, Ramelli hizo un balance de los ocho años de funcionamiento de la jurisdicción, destacando los avances logrados en el juzgamiento de crímenes del conflicto armado y la centralidad de las víctimas en el proceso. En su alocución, el magistrado también denunció un aumento continuo en las narrativas de desinformación y en los señalamientos contra los integrantes del tribunal, reafirmando que la prioridad de la JEP sigue siendo el esclarecimiento de la verdad y la respuesta a los derechos de las víctimas.
Cuestionamientos al rol político y exigencias de rendición de cuentas
Por otro lado, la forma y el escenario elegidos por la presidencia del tribunal para emitir estas declaraciones suscitaron diversas reacciones en sectores críticos y observadores del panorama institucional. Diversos analistas señalaron que, al intervenir directamente ante manifestaciones con discursos de fuerte tinte político, el magistrado optó por despojarse simbólicamente de la reserva institucional que otorga la toga para ingresar al debate público abierto.
Quienes respaldan esta perspectiva argumentan que asumir posturas y discursos abiertamente políticos permite equiparar las condiciones del debate, evitando que los argumentos de la magistratura queden amparados bajo la ventaja institucional de la investidura judicial. Bajo este enfoque, se sostiene que las discusiones sobre la gestión de la JEP deben responder a criterios técnicos e informativos sobre sus resultados concretos, el manejo de los gastos públicos y el impacto real en la reparación a las víctimas, señalando que las dudas sobre el desempeño del tribunal no deben resolverse mediante consignas o descalificaciones.
