Las contundentes declaraciones entregadas por la exfuncionaria del Gobierno nacional Eva Ferrer han provocado un sacudón en el escenario político colombiano. Los señalamientos dirigidos directamente hacia la ex primera dama Verónica Alcocer plantean la supuesta existencia de una organización ilegal que operaba transfronterizamente entre Colombia y Venezuela. Según lo expuesto por Ferrer al medio Revista Semana, Alcocer habría encabezado una estructura dedicada al presunto tráfico de divisas, estupefacientes y material bélico.
Durante su relato, la estratega catalana sostuvo que la ex primera dama habría trasladado la suma de USD 2,5 millones desde la República Bolivariana de Venezuela hacia el territorio nacional. Asimismo, Ferrer vinculó sus testimonios con supuestos aportes irregulares destinados a la campaña presidencial desarrollada en el año 2022. De acuerdo con las versiones divulgadas, se mencionaron entregas de dinero que incluyen montos superiores a los 50.000 euros atribuidos al ciudadano denominado Papá Pitu, además de más de 250.000 euros que habrían sido provistos por el empresario Euclides Torres para la consolidación de un proyecto político.
A pesar de la gravedad de estas afirmaciones, el medio de comunicación puntualizó que las imputaciones proceden de manera exclusiva de la versión verbal entregada por Ferrer, debido a que hasta el momento la declarante no ha aportado documentos contables, fotografías o las declaraciones cruzadas de las personas salpicadas en su relato. Ante este panorama, diversos voceros del Congreso de la República de Colombia reaccionaron solicitando un pronunciamiento urgente por parte de los organismos de control.
Solicitudes de investigación institucional y llamados a la protección de testigos
Frente al impacto de las acusaciones, diferentes congresistas y dirigentes elevaron solicitudes formales ante las autoridades judiciales colombianas e internacionales. El primer vicepresidente de la Cámara de Representantes, Simón Molina, argumentó que las imputaciones requieren una respuesta urgente y contundente por parte del aparato estatal. En sus declaraciones, el legislador solicitó la apertura de indagaciones formales dirigidas tanto a la Fiscalía General de la Nación como a la Corte Suprema de Justicia, instando simultáneamente a las autoridades del gobierno de los Estados Unidos a coordinar esfuerzos de verificación institucional.
Molina enfatizó la necesidad primordial de acceder a los registros oficiales de las instituciones mencionadas en el testimonio y requirió la adopción inmediata de medidas cautelares para garantizar la vida e integridad de los eventuales testigos del proceso. En ese mismo sentido, el senador Germán Rodríguez manifestó la urgencia de otorgar un esquema de seguridad robusto a Ferrer, señalando que la exfuncionaria habría manifestado un temor fundado por su vida debido al alcance de los datos revelados.
Por su parte, miembros de la fuerza pública en retiro también reaccionaron al debate mediático. El coronel Guillermo Blanco estableció un paralelismo entre los cuestionamientos dirigidos a otros integrantes de la administración pública y la gravedad de los hechos denunciados contra la ex primera dama. Blanco puntualizó que existe una clara diferencia conceptual y penal entre realizar viajes internacionales mediante la utilización de recursos de índole privada y encarar señalamientos por presuntas actividades ligadas al narcotráfico valiéndose del uso abusivo de bienes e infraestructura estatal.
Cuestionamientos parlamentarios y posturas encontradas entre bancadas de la oposición y el oficialismo
La divulgación de los testimonios de Ferrer reactivó un intenso cruce de posturas dentro del espectro legislativo, abriendo agudos cuestionamientos por parte de las bancadas opositoras. El representante a la Cámara Andrés Forero criticó enérgicamente la postura adoptada por la coalición de gobierno Pacto Histórico, señalando una notable disparidad en los niveles de indignación expresados por la opinión pública y la dirigencia política. Forero contrapuso los reclamos previos formulados contra desplazamientos privados a la capital francesa por parte de la primera dama Ana Lucía Pineda frente al silencio que, según su criterio, guarda el sector oficialista ante los cargos de lavado de activos y tráfico de armas vertidos contra Alcocer.
En esa misma línea discursiva se pronunciaron la exsenadora María Fernanda Cabal y el representante Daniel Briceño. Briceño calificó como alarmantes las denuncias formuladas, subrayando la hipótesis según la cual se habrían empleado aeronaves pertenecientes al Estado para el transporte de dinero e insumos ilícitos. El congresista cuestionó las dinámicas de la política de Paz Total promovida por el Ejecutivo, afirmando que dentro de las instalaciones del palacio presidencial habrían operado redes de corrupción e intermediación ilícita de grandes dimensiones.
Finalmente, el debate nacional se concentra en determinar la veracidad de lo manifestado y el eventual inicio de acciones de policía judicial. Ante la carencia momentánea de evidencia física presentada ante la opinión pública, los voceros de las distintas corrientes coinciden en que la prioridad radica en revisar las bitácoras aéreas, recolectar pruebas materiales y determinar si se deben formalizar investigaciones legales que esclarezcan en su totalidad el uso de recursos gubernamentales.
