Entre los principales hallazgos del informe institucional de la Cancillería, conducido en el marco de la gestión del canciller Omar Bula, se destaca que 551 de los 811 contratos evaluados presentan actividades repetidas o un nivel de similitud bastante elevado. De este grupo, las autoridades identificaron un total de 367 contratos con objetos contractuales estrictamente idénticos, a pesar de haber sido pactados bajo cifras financieras completamente distintas. Según precisó la entidad diplomática, en determinados expedientes se registraron diferencias de tarifa de hasta cuatro veces entre compromisos formalmente destinados a cumplir la misma función.
De forma paralela, las auditorías sacaron a la luz convenios con plazos y condiciones financieras inusuales para el sector público. Se documentó la firma de un contrato suscrito por $2.839 millones cuyo tiempo de ejecución fijado fue de solo dos días. En el extremo opuesto, la revisión identificó un instrumento contractual registrado oficialmente por $0, pero con una vigencia temporal que se extiende formalmente hasta el año 2028.
El calendario de contratación también constituyó un punto central del análisis. Un conjunto de 227 contratos fue firmado de manera simultánea el 30 de enero de 2026, acumulando una asignación de $21.137 millones. Dicho monto representó el 28,1 % de la contratación total reportada durante ese periodo anual, jornada que coincidió con el día previo al inicio de las restricciones estipuladas por la Ley de Garantías. Adicionalmente, el reporte oficial arrojó que 101 contratos se formalizaron durante días de fin de semana y que el 53,4 % del volumen contractual del año se concentró en las semanas inmediatamente anteriores al inicio del periodo preelectoral.
Modalidad de contratación y revisión fiscal
Respecto a los mecanismos legales empleados para la asignación de los recursos, la Cancillería especificó que el 99,6 % de los compromisos contractuales examinados fueron adjudicados mediante la modalidad de contratación directa, omitiendo el desarrollo de procesos de selección de carácter competitivo.
Como consecuencia de este diagnóstico preliminar, la cartera ministerial seleccionó 19 contratos específicos que registran observaciones presupuestales por un valor global aproximado de $100.164 millones. Este paquete de documentos fue remitido formalmente a la Contraloría General de la República con el propósito de que el organismo fiscalizador evalúe la pertinencia de iniciar procesos formales de control. La entidad hizo hincapié en que los $100.164 millones corresponden al valor agregado de los contratos examinados y no constituyen un detrimento patrimonial demostrado, dado que las indagaciones permanecen en etapa inicial y los contratistas involucrados conservan su derecho a ejercer la defensa legal correspondiente.
Este procedimiento coincide con revisiones paralelas desarrolladas en otras ramas del poder ejecutivo. En el proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad, las auditorías integrales abordaron nóminas, programas y recursos comprometidos con el objetivo de buscar la recuperación de cerca de $200.000 millones, tras analizar más de 60 contratos por unos $469.000 millones e interponer 13 denuncias por presuntas irregularidades. Por su parte, la Contraloría evalúa de manera independiente tres convenios del periodo anterior firmados entre la Cancillería, el Dapre e Inravisión por $16.627 millones, ante hipótesis sobre posibles sobrecostos, duplicidad de funciones y faltas de soporte en los pagos.
Finalmente, la Cancillería indicó que continuará verificando los archivos restantes y que los expedientes que resulten plenamente sustentados serán trasladados a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría y a la Fiscalía General de la Nación en los casos donde se configuren eventuales conductas de competencia penal.
