En el marco de una alocución presidencial realizada tras un consejo de seguridad extraordinario que se extendió por más de siete horas, el jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, fijó la postura institucional del Gobierno nacional frente a la convocatoria a la “Cumbre Indígena y Movilización Social por la Vida”, programada por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) entre el 11 y el 14 de octubre de 2026. Durante su intervención, el mandatario aseguró que el Ejecutivo mantendrá canales abiertos de diálogo con las comunidades originarias del país, pero advirtió de manera enfática que “no vamos a negociar bajo presión” ni ante la imposición de vías de hecho.
Durante su pronunciamiento, el presidente trazó una clara diferenciación política y conceptual entre la base social de las comunidades étnicas de la nación y la estructura directiva de la organización indígena. “Una cosa son los pueblos indígenas de Colombia y otra cosa muy distinta es el CRIC”, aseveró el jefe de Estado, ratificando que la administración central mantendrá interlocución directa con las autoridades tradicionales legítimas en las distintas regiones.
Garantías a la protesta y orden público en el Cauca
Desde la Presidencia de la República se reitera que el Estado garantizará plenamente el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica en el territorio suroccidental. No obstante, el presidente confirmó la emisión de instrucciones precisas y de obligatorio cumplimiento para la Fuerza Pública con el objetivo de impedir bloqueos viales, actos de violencia o cualquier perturbación a la libre movilidad de la ciudadanía en los corredores estratégicos del departamento del Cauca.
En este sentido, se advirtió que las personas o colectivos que incurran en agresiones a los miembros de la Fuerza Pública, atenten contra la infraestructura pública o privada, o restrinjan el paso de transporte de carga y pasajeros, deberán responder penalmente ante las autoridades judiciales bajo el marco estricto de la Constitución Política y la ley.
Auditoría fiscal a recursos y convenios públicos
Uno de los anuncios centrales del mensaje presidencial fue la orden de adelantar una auditoría rigurosa y exhaustiva sobre la ejecución de $1,13 billones que el Estado colombiano ha destinado previamente a convenios y planes concertados con el CRIC.
El mandatario enfatizó que la administración examinará detalladamente el cumplimiento y destino final de estos presupuestos. “Peso por peso vamos a revisar, contrato por contrato y convenio por convenio”, subrayó el primer mandatario, con el fin de transparentar el uso de los fondos públicos en la región, aunque no precisó en su alocución los plazos de entrega del informe ni la entidad encargada de liderar dicho proceso de fiscalización.
Paralelamente, el Gobierno nacional anunció que el Ministerio del Interior implementará un plan de modernización en los trámites de consulta previa, asumiendo el compromiso de digitalizar el 100 % de los expedientes represados en un plazo máximo de 30 días. La medida busca asignar responsables directos, establecer cronogramas con fechas límite y evitar que estos procesos se prolonguen indefinidamente, garantizando los derechos constitucionales de los pueblos originarios sin frenar el desarrollo de proyectos de infraestructura estratégicos para el país.
